Las leyes humanas deben ayudarnos a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Deben ayudarnos a alcanzar el bien y evitar el mal, podríamos decir. El problema es ponernos de acuerdo en lo que es el bien y lo que es el mal y cómo hacer las leyes.

Existen leyes naturales: físicas, químicas, económicas, sociales. Si las transgredimos, nos va mal, por mucho que una ley humana nos permita hacerlo. Por ejemplo, si una ley dijera que a los autos se les deberá poner agua en lugar de gasolina, los autos no van a funcionar, aunque esa ley se aprobara por unanimidad de los 500 diputados, los 128 senadores, las 32 legislaturas locales y los 2 mil 457 ayuntamientos del país.

El reto de las sociedades es hacer leyes que respeten la naturaleza de las cosas y la naturaleza humana, en lo personal y en lo social. Si las leyes humanas no respetan la ley natural, las consecuencias son negativas para las personas y la sociedad. Pero las leyes deben estar abiertas al cambio, porque las circunstancias en las que vivimos son cambiantes. Es necesario revisar y reformar las leyes continuamente. La ley debe estar al servicio del hombre y no al revés.

La necesidad de que las leyes estén escritas y que haya mecanismos para hacerlas cumplir o modificar está relacionada con el tamaño de la sociedad o comunidad que establece esas leyes. A mayor número de miembros, la complejidad es mayor.

Nuestra Constitución cumplió 96 años y debe seguir renovándose. Hay muchas áreas de oportunidad para mejorarla: desde el derecho a la vida, asuntos relacionados con educación, trabajo, justicia, acceso a los recursos naturales de manera sustentable, entre otros muchos.

Las leyes y reglamentos locales también requieren una continua revisión. En Querétaro, hoy día escuchamos problemas cotidianos de los ciudadanos que implican la revisión de alguna ley o reglamento o la forma en que se aplica:

—El de una madre de familia que por necesidad puso un puesto de gorditas en su casa y ahora le quieren cobrar toda el agua que consume, tanto en su casa como en su local, con tarifa comercial, y no le permiten poner un medidor independiente para el local.

—El de una persona que tuvo un accidente automovilístico y después de tener su auto en el corralón más de un mes tiene qué pagar casi 4 mil pesos para sacarlo, y más de mil pesos a la grúa que lo llevó. Las tarifas son muy altas.

—El de otra madre de familia que no puede auto-emplearse haciendo un pequeño local comercial en su predio, con un giro que no genera problemas de estacionamiento en la zona en que vive, porque no cuenta con el cajón de estacionamiento.

—El problema creciente de espacios para personas que requieren vender alguna mercancía para poder llevar algo de comer a sus casas.

—El problema de subdividir la tierra, aunque sea con una distribución razonable, y venderla legalmente para facilitarle a otros un terreno para vivir o auto-emplearse.

—La complejidad que hay en los requisitos para construir, poner un negocio o renovar las licencias de funcionamiento. Los fundamentos de los requisitos pueden ser válidos, pero en la aplicación se complican las cosas a los ciudadanos.

Es de reconocerse que en todos esos asuntos se ha venido trabajando y hay apertura de las autoridades a escuchar, pero hay mucho por hacer.

Un buen ejemplo es el reajuste que se hizo a las tarifas de impuesto predial a terrenos baldíos, en el cual los legisladores locales obraron con prontitud para corregir la legislación vigente y evitar que se pagaran cifras estratosféricas, injustas e impagables en algunos predios. Contar con leyes estén al servicio del hombre es una tarea continua.

Analista político