En el último tramo del gobierno López Portillista, conocí al “coronel” Hernández Montegón, colaborador estrecho del “general” Arturo Durazo, jefe de la policía en la ciudad de México y célebre por “su buen gusto edificador” (Studio 54 y el “Partenón”). El “coronel”, vigilaba celosamente sus “derechos de piso” y recibía diariamente $ 200.00 por crucero, $ 500.00 por moto y $ 700.00 por patrulla. Hacía una “maletita” para él, otra para el “general” y la más grande, con centenarios, para “Los Pinos”. ¡”Hay de aquel que rompa la cadena”!, me contestó jocoso, cuando le pregunté si alguien objetaba algo.

Los presidentes siempre han tenido “operadores” afines, es decir sin escrúpulos, que al amparo del poder representan intereses que en ningún caso coinciden con la voluntad popular.

Recordamos a Salinas de Gortari y su entorno del cínico “ten percent”. Al orgulloso padrastro Vicente Fox que surgió como el “ave fénix” de sus cenizas financieras. A Felipe Calderón y su inocultable “Estela de luz y corrupción”, y a Peña Nieto con sus permisivas casas blancas, estafas maestras y otros “pequeños quebrantos” que nunca quiso ver.

La lastimosa corrupción política está envuelta en el ejercicio de un cargo público para conseguir ventajas y ésta se presenta en diversas formas.

El soborno, es el más representativo en México, se ve en las “mordidas” a policías y empleados menores, sin que estos sean una excepción, pues escalan hasta los  funcionarios mayores que asignan y cobran, de manera implacable, porcentajes por contratos, obras, compras, permisos y cualquier otra intermediación, que siempre resulta funesta para el interés público.Los presidentes, siempre han estado dotados de elementos técnicos y humanos que les han permitido conocer al detalle  “el estado que guarda la nación”. En  esa tesitura, no existe argumento alguno que les permita evadir su responsabilidad directa o indirecta en los saqueos que México ha sufrido.

Estoy seguro, al igual que las mayorías, muchos presidentes incurren en el delito de peculado al haberse enriquecido de manera ilegal en perjuicio de los bienes que les fueron encomendados por sus legítimos dueños; los mexicanos.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha conciliado con su fracción parlamentaria en el congreso, la reforma al artículo 108 constitucional para adicionar que el presidente de la república en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales (nuestro artículo pasado) y por delitos de corrupción (que aquí enumeramos).

López Obrador y su equipo económico han cuantificado las pérdidas por corrupción pública en un aproximado de 500 mil millones de pesos al año, que representan alrededor de un 10% del total del presupuesto de egresos de la Federación en este ejercicio. Esa  circunstancia, que se ha repetido a lo largo de los años, conmueve a cualquier observador ajeno, alerta a nuestra población trabajadora, y vulnera al 60% de la población mexicana que se debate en la pobreza, sin esperanza alguna de movilidad social.

En nuestro país, los ex presidentes nunca han sido convocados por la justicia, y menos aún juzgados. El presidente en turno, al margen de su partido original, asume el compromiso tácito de proteger a los anteriores, esperando del siguiente gobernante La habitual inmunidad.

¡El pueblo de México quiere desafiar la frase lapidaria de aquel “coronel” de la policía capitalina y romper todas sus cadenas!

Politólogo