La semana pasada el CIDE junto con otras 17 instituciones, presentó las propuestas en materia de justicia cotidiana que se desarrollaron por encargo del presidente Enrique Peña Nieto, a través de un ejercicio de consulta ciudadana sobre conflictos laborales, conflictos de los ciudadanos con sus autoridades administrativas, justicia familiar, conflictos de los empresarios en materia laboral, de corrupción y cobro de deudas; conflictos de la convivencia diaria entre vecinos, conflictos en las escuelas y los desafíos de la justicia para proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. La conclusión: los derechos no pueden seguir siendo promesas ni fórmulas retóricas, sino satisfactores reales y accesibles.
Por “justicia cotidiana” se entienden, las instituciones y procedimientos que permiten que las personas tengan acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita resolver los conflictos que surgen de la convivencia cotidiana. Incluyen, entre otros, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales y administrativos, y se considera que la materia penal no forma parte de la justicia cotidiana, pero es de igual importancia para la población, ya que juntos, forman parte de un problema olvidado, o más bien que nos ha rebasado hasta el punto de volverse cotidianamente invisible, como lo es el acceso a la justicia, que incide grave y directamente en la calidad de vida de los mexicanos y en la consolidación del Estado de derecho, del que tanto se habla y del que casi nada se explica. Y no se trata de una idea abstracta o una fórmula vacía, pues el Estado de derecho son acciones concretas; es la condición necesaria para lograr la justicia cotidiana entre ciudadanos iguales, en la que no cabe la cultura clientelar y la lógica del privilegio, pero sí la distinción de la desigualdad procesal.
Por eso el Estado de derecho va de la mano de la agenda de justicia, que es la agenda de la confianza, y hoy, debemos llevarla al centro del debate público y hacerla más concreta, más específica y terrenal, pues el derecho y la justicia ya no pueden seguir siendo sólo accesibles a los jueces, abogados y ministerios públicos, sino a todas las personas, para que confíen en la manera en que trabajan sus instituciones, porque ello tiene efectos justos, equilibrados, pacificadores y convincentes, ya que cumplir las normas y dirimir institucionalmente los conflictos, conviene a todos.
Como bien lo señaló el presidente Peña Nieto, la justicia cotidiana es la justicia olvidada. La responsabilidad de asegurar el acceso a la justicia de calidad está fragmentada en muchas instituciones, y la mayoría de ellas, pertenecientes al ámbito estatal. El desafío mayor tiene que ver con que el responsable central de esta justicia y que es el tribunal más olvidado de todo nuestro sistema: el juzgado de primera instancia local. Es ahí, a donde los ciudadanos acuden para resolver la inmensa mayoría de las disputas o diferencias que tienen con otros. Según el CIDE, el 80% de los casos que se resuelven en esos juzgados no llegan a la segunda instancia ni mucho menos al amparo. Por ello, a pesar de los avances que pueden constatarse en el marco institucional nacional —con una Suprema Corte de Justica más activa—, la gran mayoría de los mexicanos, hoy en día, no tienen un acceso adecuado a la justicia. Uno de los problemas identificados, es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlos, debido a una falta de cultura jurídica.
La justicia cotidiana corresponde principalmente al ámbito de los gobiernos estatales, y por ello, muchas de las soluciones pasan por fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia local. Hoy, los procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad, y las sentencias, frecuentemente son incomprensibles y cuando no, inejecutables. Esos procedimientos, además, tienen lugar en instituciones con capacidades limitadas, abandonadas en términos presupuestales y con una independencia frágil, son espacios olvidados, pues los responsables de atender la mayor parte de los conflictos de los mexicanos, tienen gran carga laboral y nula capacidad presupuestal, que son el caldo de cultivo propicio para la corrupción, y la mala fama de los abogados, jueces y fiscales.
Por ello, si queremos articular el tejido social, dar sentido de pertenencia y confianza a los ciudadanos, y ofrecer perspectiva de futuro a la vida en sociedad, tenemos que aceptar que la justicia es la plataforma básica para que las familias puedan construir con su trabajo un piso mínimo de seguridad patrimonial, para que las oportunidades económicas no se concentren en la élite y para que exista una sociedad más igualitaria e incluyente. Hoy, la mayoría de los mexicanos, carecemos de los medios y condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las instituciones. La justicia cotidiana debe tener un papel central y de largo plazo en la agenda pública nacional, local y municipal, se trata de entender y evaluar la justicia de todos los días, la más próxima, la que se encarga de pacificar y resolver los conflictos que tienen las personas en su interacción cotidiana con otros y con sus autoridades más inmediatas.
Cuánto bien le haría a Querétaro que los candidatos a gobernador y a diputados federales y locales, le dieran una leída a este documento, para construir una propuesta de gobierno y una agenda legislativa, y dejen de lado, de una vez por todas, la guerra sucia, la diatriba, las descalificaciones y la frivolidad de la mercadotecnia.
Abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la UAQ.
