En una entrega anterior, comenté acerca de los grupos de autodefensa que en Guerrero habían realizado detenciones de personas alegando su derecho a repeler la inseguridad ante la falta de resultados de las autoridades del lugar. Dije, que con su actuar desvelaban las capacidades de éstas para cumplir con su función pero que, con todo, sus argumentos subjetivos basados en el derecho de la defensa propia, solamente podrían considerarse en el ámbito del parecer personal; su fuerza reside en la simpatía popular, suficiente para colocar contra la pared al gobierno del estado, pero no más, pues en un país de leyes como México, éstas se deben acatar por el ciudadano y hacer cumplir por la autoridad.
Hace unos días, el gobernador de ese estado informó a los medios de comunicación que gracias al diálogo, los grupos de autodefensa habían claudicado en su pretensión de juzgar a los retenidos y los habían entregado a las autoridades, que éstas revisarían su situación y buscarían llevarlos a juicio. Discursos, imágenes y seguramente la tranquilidad que les dejaba ese acto, se fueron al piso por un intercambio de calificativos en lo más alto de la arena política entre el gobernante estatal y un connotado legislador federal.
Y funcionó. Pues las increpaciones sustituyeron el verdadero tema: que un grupo de ciudadanos pretendió hacer justicia por propia mano, usando la violencia, mostrando armamento en los medios nacionales; que fue la propia autoridad del estado la que recibe a los retenidos y nadie dijo qué pasara con la aplicación de la ley y la sanción que corresponde a quienes cometieron delito en esa situación, prohibida por la propia Constitución, pues vetar a los particulares el uso de la violencia es una de las razones básicas que fundamentan el Estado mexicano.
Qué decir de la causa de todo esto: la incapacidad de las autoridades; bastó con una réplica usando adjetivos y se trasladó el problema a una diferencia personal entre personajes de la política.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue pronta en señalar la gravedad de la actuación de estos grupos de autodefensa, muchas opiniones la secundaron; pero, también el mal ejemplo se ha replicado en otros estados donde han surgido y actuado grupos semejantes. Esto sí es indicativo de un Estado fallido; es una evidente ausencia de la autoridad que requiere rectificarse con la aplicación de la ley a los beligerantes ciudadanos y revisar a fondo qué hacen esas autoridades en el cumplimiento de sus funciones, no importa que se molesten.
Un estimado maestro ejemplificaba la actuación de muchas autoridades en el país, que sin dejar de actuar, trabajan en todo, menos en la solución de los problemas. Lo hacía con una anécdota usada como recurso didáctico de su excelente cátedra. Decía que un caballero perdió sus llaves en un parque donde estaba oscuro, por lo que decidió buscarlas afanosamente debajo de un poste que apenas alumbraba; alguien le vio y al ser enterado por el propio caballero que las llaves las había perdido metros distantes a donde estaba, le cuestionó porqué las buscaba donde no las había perdido, la respuesta fue simple: debajo del poste había luz.
Es preciso atender lo ocurrido en las montañas del estado de Guerrero, no dejarlo a la comodidad del olvido o a la justificación de que es una práctica comunitaria de colaboración con las autoridades; hay que encontrar las llaves para imponer la legalidad y el respeto a los derechos de todos como sustento del desarrollo de la nación. Mientras tanto, las autoridades del lugar dirán que continúan buscando lo que perdieron, lo más lejos posible del problema y, seguramente, con el mejor de sus esfuerzos.
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad (UAQ). Ex procurador de Justicia