Para Alonso Lujambio, amigo, incansable luchador democrático y mexicano excepcional

El pasado 18 de julio de 2012 el Congreso de la Unión aprobó una reforma política con la cual nuestro país inició la transición de una democracia predominantemente electoral a una democracia participativa, en la cual se fortalece, promueve e institucionaliza la interacción entre los ciudadanos y el Estado.

Hoy nuestra Constitución cuenta con figuras que fortalecen la democracia participativa, como las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Ahora los ciudadanos tienen un acceso más amplio a la toma de decisiones de gobierno. No obstante, aún hay mucho camino por recorrer. Es necesario apuntalar estas transformaciones y empezar por lo básico, ahí donde se da la primera y más cotidiana relación entre el ciudadano y el poder público: el municipio.

Es una paradoja que sea el municipio, primera organización de gobierno con la que interactúa el ciudadano, el espacio público que menos se ha transformado de acuerdo a las necesidades y exigencias de la gente. En 1933 se introdujo en el artículo 115 constitucional un candado: la prohibición de la reelección inmediata de las autoridades municipales. Hoy podemos constatar que esta medida se encuentra rebasada y, peor aún, su vigencia representa un freno al desarrollo municipal, además de una vergonzante limitación al poder ciudadano.

Negar la posibilidad de que se decida, desde lo local, el mejor camino para mejorar la vida municipal, invita a la improvisación, frena las tareas de gobierno y administración a largo plazo; incentiva la opacidad y la no rendición de cuentas e impide profesionalizar la función pública de los alcaldes, además de que resta poder al ciudadano sobre sus representantes. En el ámbito municipal no sólo se prohíbe la reelección del presidente, sino incluso de los otros integrantes del cabildo, lo que hace aún más grave esta situación. Así, con la legislación vigente, observamos lo efímero de la acción municipal, hecho que provoca que los municipios se reinventen cada tres años en perjuicio de todos.

Ante ello, el jueves 20 de septiembre el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa de reforma del artículo 115 constitucional, a fin de eliminar este candado para que los estados de la república sean los que señalen las modalidades y límites de la reelección municipal, con base en las condiciones de cada entidad federativa.

De aprobarse la reforma los municipios podrán: a) contar con mayores incentivos para asumir proyectos de largo plazo; b) elevar la profesionalización de su administración; c) tener continuidad en obras y políticas públicas; d) promover un mayor acercamiento entre gobernantes y gobernados para la solución de las necesidades reales de la comunidad; y, e) mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades locales.

En suma, se pretende devolver el poder al ciudadano para premiar o castigar a sus gobernantes en el espacio político que le es todavía más cercano.

Esta reforma permite que los Congresos locales sean los que decidan sobre el mejor camino a tomar para resolver esta asignatura pendiente de nuestra vida institucional. El objetivo es que alcancemos soluciones ad hoc para cada entidad y que, de paso, eliminemos los vicios generados por la ausencia de un verdadero marco normativo funcional.

Es momento de que el ciudadano tenga en sus manos el futuro de su comunidad fortaleciendo a las autoridades municipales y dejando de alterar la representación política cada tres años.

Para el PAN es claro que no podemos dejar pasar la oportunidad de retomar la reforma política que verdaderamente necesita México, la cual pone al ciudadano en el centro de nuestro actuar político. No hay ruta más efectiva para consolidar nuestra democracia y desarrollo con beneficios para todos los mexicanos.

Diputado federal por el PAN