Tuve la fortuna de educar la Licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y desde octubre de 1977 en mi práctica profesional, primero como estudiante practicante y después como ya profesionista titulado, percatarme de la capacidad, calidad y honestidad de quienes ejercían la función como jueces o magistrados, ya sea a nivel municipal, estatal y federal.
El ejercicio del litigio tenía la certeza que si el derecho le asistía a mi representado o patrocinado, tenía la seguridad que él mismo fuera reconocido y sancionado, por la confianza que había en los órganos jurisdicciones, de tal manera que se transitaba por esa confianza plena de quienes estarían impartiendo justicia, mediante las apelaciones o en última instancia los Juicios de Amparo.
Era tanto la creencia en las instituciones impartidores de justicia y el andamiaje jurídico construido al efecto para que se hiciera realidad en la última instancia mediante el Juicio de Amparo Directo o Indirecto, que me llevó cursar en la Universidad Panamericana en el postgrado un Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo.
Tanto en las enseñanzas recibidas en las aulas universitarias, como las que se fueron acumulando en el ejercicio cotidiano de la práctica del derecho, me sentía confiado y orgulloso de tener un Poder Judicial tanto Federal y Estatal, como ya lo he dicho capas, competente y honesto, no obstante que en muy notadas ocasiones sus resoluciones no hubieran favorecido la causa que me tocaba representar. Y de verdad que consideraba que los mexicanos contábamos con un gran privilegio y que teníamos la garantía de la impartición de justicia.
Como litigante y a seis años de la alternancia y transformación de México, el Poder Judicial tuvo una reestructura profunda, al modificarse la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los requisitos, designación y duración de los nuevos ministros, así como lo creación y facultades del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. La Corte pasó de 26 Ministros a tan sólo once, Con la creación del Consejo de la Judicatura Federal además de descargas de tareas administrativas a los ministros se fortalece la carrera judicial.
En dicha reforma se dio origen a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionales, figuras que por cierto son o eran un privilegio de quienes integramos este México y que al ejercerlo en mi carácter de Senador a nombre de todos sentía todo un honor y privilegio para que con mi firma se completara el número de legisladores necesarios para la interposición de las acciones de inconstitucional y que por cierto en su mayoría nos fueron favorable.
Hoy desafortunadamente esas figuras aprobadas en 1994 son prácticamente letra muerta, al hacerse el gobierno de manera artificiosa y tramposa de los legisladores que le obedecen a pie juntillas, incluyendo aquellos que aún cuando llegaron con los votos de la oposición hoy forman de manera aplastante parte integrante la fracción parlamentaria de Morena.
Por ello es que a saber que el pasado martes fue la última sesión de lo que fue esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, no me resta más que decir a pesar de los pesares, los privilegios perdidos no son los de los juzgadores sino de todos los que integramos esta Nación Mexicana y que estamos deseosos de seguir con el privilegio de vivir en libertad y que la razón y la aplicación del derecho sea lo que impere.