Para prevenir los delitos, proteger a las personas y mantener la paz social, es necesario el actuar del estado, en todas partes del planeta, y conlleva a garantizar el orden, la protección de los derechos y la seguridad de las personas. Y en nuestro país se encuentra establecido en el artículo 21 Constitucional, que regula la función del estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Dicho dispositivo legal indica cuáles son las funciones del estado en materia de seguridad y justicia, iniciando por la investigación de los delitos y la imposición de sanciones, así como únicamente los entes estatales previamente establecidos la autorización del uso de la fuerza pública para garantizar el orden y la legalidad conforme a la ley, por medio de sus instituciones (policías, ministerios públicos, fiscalías) para prevenir y perseguir delitos.

Los gobiernos de la transición democrática han establecido de manera particular sus políticas públicas en materia de seguridad.

El panista Vicente Fox Quezada hizo énfasis en la coordinación efectiva de las dependencias públicas para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas, la corrupción y la impunidad. Buscó incrementar la confianza de la población hacia las fuerzas armadas e impulsó la profesionalización policial, la operación del sistema de emergencias (066) y las denuncias anónimas al (089) y también en la mejora del Sistema Penitenciario.

El panista Felipe Calderón Hinojosa se propuso garantizar la seguridad nacional y salvaguardar la paz, integridad, independencia y soberanía del país, con una sólida cultura de la legalidad. Dicha estrategia se caracterizó por un enfoque de confrontación directa contra el crimen organizado, con un despliegue significativo de las fuerzas armadas.

El presidente priista Enrique Peña Nieto se puso como prioridad pasar de una política de confrontación, a una de prevención social de la violencia y delincuencia; enfocándose a la reducción de los índices de criminalidad a través de la inteligencia y la coordinación interinstitucional, a su decir.

El morenista presidente Andrés Manuel López Obrador lo denominó como “Plan de Pacificación del País”, teniendo como primera base la atención a las causas profundas de la violencia, según él la pobreza y marginación, además de que propuso consolidar la áurica nacional como un cuerpo permanente de seguridad pública.

Otros de los ejes del presidente López Obrador que planteó fue el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, así como la coordinación entre el gabinete de seguridad y las entidades federativas y como pilar la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración.

La actual administración encabezada por la presidenta morenista Claudia Sheinbaum, prácticamente fiel a su propuesta de construir el segundo piso de la cuarta transformación, ha replicado los cuatro ejes rectores de su antecesor y a su decir una consolidación del estado del bienestar y el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad ya referida.

En fin, cada uno de nosotros tendremos nuestra opinión, pero lo real es que el gobierno más allá de los planes que se planteen no puede hacerlo solo si no es con el concurso de la ciudadanía, principalmente organizada en organismos civiles e incluso partidos políticos, pero si no logra esa alianza, difícil es que se lleguen a cumplir con sus objetivos. Y que se recuerde que a quien le corresponde preservar la seguridad del pueblo es al gobierno establecido.