La Corte y el Poder Judicial están siendo violentados por el Ejecutivo y la mayoría partidista en el Legislativo como no debe suceder en un país democrático, que, bajo consignas político-ideológicas, pero también financieras, busca despojarlo de su credibilidad.

López Obrador aún no asume que, en una democracia, los criterios del presidente no son absolutos; y no solo eso, está obligado a respetar a los otros poderes, por más que los denueste. Desea controlar a todo el Estado mexicano, pues esa ha sido su intensión desde que llegó al poder en 2018; y, dicen algunos articulistas, que lo seguirá intentando el próximo sexenio, primero buscando una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, para después imponer los cambios necesarios que alineen sus intereses dentro de los diversos poderes e instituciones.

Como en cualquier otro sistema, el Poder Ejecutivo en México está sujeto a pesos y contrapesos, es decir, límites a su poder y a sus poderes, de cuando menos tres fuentes: la institucional, la política y la social.

Los contrapesos institucionales son los límites que un poder tiene derecho a imponer sobre otro y derivan de la configuración de la forma de gobierno que adopta una nación. En el caso de México, aquella que señalan y desarrollan los títulos segundo, tercero y quinto de la Constitución.

La división de poderes es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos.

El Presidente asegura que el Poder Judicial es el único que les falta “democratizar”. Por esa razón, convoca a sus seguidores a implementar el “plan C”, consistente en obtener la mayoría calificada en ambas cámaras para así poder modificar la Constitución, remover a los ministros de la SCJN y elegir nuevos mediante votación universal.

Las consecuencias se vislumbran muy delicadas. La narrativa apunta al voto de castigo el próximo año, echándole “la culpa” a jueces, magistrados y ministros por la falta de resultados, así como justificar la concentración del poder en el Ejecutivo para vencer las resistencias de los contrapesos satanizados. Sin embargo, debilitar al Poder Judicial y someterlo es un despropósito para un país al que le urge fortalecer el Estado de derecho y dar certeza jurídica a nacionales y extranjeros.

Los académicos señalan que se ha restaurado el presidencialismo autoritario lo que provoca está disputa, discrepar de la voluntad presidencial es, por definición, inmoral y el costo a pagar, en automático, es la estigmatización y el linchamiento público promovido por el propio Presidente. Pero el hostigamiento escaló a niveles insólitos, al grado de afectar derechos laborales de decenas de miles de trabajadores.

En 1748 Montesquieu estableció con toda claridad en el Espíritu de las Leyes, la “división de poderes” como equilibrios, pesos y contrapesos, es decir, ningún poder superior a otro, las funciones y acciones respectivas para en su conjunto ser garantes de la estabilidad del Estado, los poderes Legislativo; Ejecutivo y Judicial deben ser tres distintos que deben recaer en personas distintas para que cada uno sea peso y contrapeso de los otros.

El poder ejercido por una sola persona atenta contra la libertad, sería un poder absoluto, tiránico y arbitrario, que puede pasar por encima de todos sin encontrar ningún límite ni control que lo detenga.

Ante el peligro de que los Poderes de la Unión de nuestro país recaigan en una sola persona, debemos advertir cualquier ataque o peligro que atente contra la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

De lo contrario ocurriría lo que escribió Montesquieu: “En el Estado en que un hombre solo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente”.