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En días pasados conmemoramos un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución. Es una conmemoración en la que, tradicionalmente, se hace un recuento sobre la ley, la justicia y la protección constitucional, se refrenda la soberanía del pueblo que se otorgó en un texto constitucional, la división de poderes y los derechos fundamentales.
En la historia de México la lucha por instaurar y preservar el Estado de derecho ha sido larga y la hemos sintetizado en el “constitucionalismo”. La Constitución ha cimentado la democracia que no ha sido obra ni de un solo hombre, ni de un solo partido, ni de una sola generación sino el logro del esfuerzo colectivo de todos los mexicanos.
Como consecuencia de su supremacía jurídica, nuestra Constitución es rígida. La rigidez constitucional es la traducción jurídica de la distinción política entre el poder constituyente y los poderes constituidos. La supremacía y la rigidez constitucionales se distinguen también por su objetivo: la primera sirve para identificar a las normas constitucionales, mientras que la rigidez busca contribuir a la estabilidad de la Constitución.
Lamentablemente, algunos presidentes de la República y legisladores han pensado en el ejercicio de su encargo, que incluyendo sus propuestas políticas en la Constitución, se solucionará de inmediato el asunto que los ocupa. Justifican esta idea con una fórmula engañosa pero tentadora, señalan un mal presente a cambio de un buen futuro. Debemos tener cuidado. A eso se ha reducido la oferta y la promesa de las dictaduras.
Algunas opiniones dicen que “la cuarta transformación”, se sustenta en este sentido, se anuncia como un parteaguas que encuentra en la lucha contra la corrupción su principal punto de apoyo. Pero corre el riesgo de hacer a un lado los aciertos que se tuvieron para fortalecer el movimiento democratizador que hoy permite tener una pluralidad de partidos políticos gobernando a lo largo de todo el territorio nacional. Así como los organismos constitucionales autónomos que representan, también, un equilibrio para el ejercicio del Poder Ejecutivo.
En esta conmemoración, el ejecutivo federal manifestó que “tenemos que establecer una auténtica democracia”, vale la pena recordar lo que dijo el Dr. Jorge Carpizo sobre la democracia, “es el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los ciudadanos; el poder se encuentra distribuido entre varios órganos con competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto de asegurar los derechos humanos que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente”.
En otras palabras, la Constitución contiene las reglas que el pueblo o la sociedad política han decidido. La democracia constituye una serie de reglas que se encuentran principalmente en la Constitución y en la ley. En consecuencia, la democracia se actualiza permanente y constantemente a través del respeto a esas reglas; es decir, a la Constitución y al Estado de derecho que esta construye.
La democracia presupone una Constitución, un orden jurídico y un Estado de derecho que garanticen las libertades y los derechos fundamentales de las personas, y que se encuentra plasmada en todo el texto constitucional, por ejemplo, en los artículos 3º, 6º, 40 y 41 de la Carta Magna.
Todas las reformas constitucionales han desarrollado este postulado: la democracia es un sistema de vida. Nuestra Constitución contempla la concepción y normatividad de la democracia. Por ello, la República democrática es en nuestra Constitución una forma de gobierno y, simultánea e intrínsecamente, es parte del ser nacional.
La República democrática es principio fundamental de la Constitución mexicana de 1917, que faculta y obliga a las autoridades, y otorga a los ciudadanos derecho y obligaciones, para que todos la hagamos realidad cada día.
Ex presidente municipal de Querétaro @Chucho_RH