“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.” Luther King. No cabe duda que el legado ideológico de Don Gilberto Rincón Gallardo sigue vigente en México. Su sitial en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se extraña, por su visión y altura de miras. Lo anterior lo comento, porque gracias a los esfuerzos de la Presidencia Municipal de Querétaro y del Lic. Roberto Loyola Vera, así como de una luchadora social incansable, mi amiga Lídice Rincón Gallardo, la semana pasada celebramos un Congreso Internacional sobre Inclusión Laboral y no Discriminación. En dicho evento se dieron cita expertos en la materia como Rosario Marín, ex tesorera de los EUA, y en diversas mesas de discusión se trataron los temas de relevancia nacional e internacional, así como la urgencia de elaborar políticas públicas en la materia, las cuales como expresó Lídice no sólo deben consistir en construir una rampa o reservar un lugar para una persona con discapacidad, sino en generar ambientes laboralmente inclusivos y espacios libres de discriminación, comenzando desde el lenguaje. En el Congreso, me tocó disertar sobre el tema de “La justiciabilidad de la inclusión y no discriminación”. Mi ponencia la centré en evidenciar como un sector de jueces federales de corte progresista, incluso antes de la reforma constitucional de junio de 2011, ya venían protegiendo derechos fundamentales, entendidos éstos como aquellos que son necesarios para realizar cualquier plan de vida, según Finnis. Simplemente, tal protección la efectuaban en una interpretación del artículo 133 de la Constitución y se aplicaba en sede constitucional una serie de valores, juicios y parámetros, así como nuevos modelos de interpretación y argumentación jurídica para tutelar los derechos fundamentales. En concreto, me referí a los casos de militares expulsados de las fuerzas armadas por “INUTILIDAD” (sic) en el servicio por haber contraído VIH o bien, por estar obesos. En tales casos, al ser expulsados del ejército y dejarlos sin protección a ellos y sus familias se vieron obligados a “litigar sus derechos”, primero ante jueces de distrito y contra la negativa de concederles el amparo, ante Tribunales Colegiados de Circuito, quienes en un replanteamiento del thema debatendi, interpretaron el derecho a la salud, lo ponderaron y lo argumentaron conforme a reglas internacionales de la no discriminación; en tal virtud, revocaron la decisión de las fuerzas armadas y los jueces de distrito que habían, primigeniamente, negado la protección constitucional, terminaron concediendo el amparo de la justicia federal en sentencias interpretativas y aditivas de principio, como las denomina el Magistrado Jean Claude Tron Petit. Ricardo Bucio, presidente de la Conapred, tuvo reticencia en la mesa de discusión en este aspecto y se enfocó al “nuevo paradigma”, y afirmó que los referentes nacionales eran cosa del pasado; mi réplica consiste en decirle al Señor Bucio que en primer lugar, habrá que analizar si es tal, el nuevo paradigma, con todo respeto considero que no hay nada nuevo bajo el sol. Por supuesto, no desconozco las reformas legislativas y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son la consecuencia lógica y necesaria del desarrollo de los pueblos, pero debemos también reconocer los precedentes nacionales que detonaron la nueva forma de entender y aplicar el derecho, como lo explicó otro de los integrantes de la mesa, el Dr. Nieto del IIJ – UNAM, con quien tuvimos diversas batallas en sede judicial electoral para que algunos personajes aceptaran el bloque de constitucionalidad y el principio pro homine en tratándose de derechos humanos. En igual sentido, siento mucho decirle al Señor Bucio que Querétaro es el primer municipio en contar con un Instituto para Prevenir y Eliminar toda forma de discriminación: él adujo que en otras entidades existen organismos estatales, pues aquí no me resta más que reafirmar, como lo sostuve en el debate abierto: en una sobre interpretación del texto constitucional a favor de las personas con algún tipo de discapacidad, el H. Ayuntamiento de Querétaro creó un Instituto para atender estas cuestiones y lo más importante genera políticas públicas. Y por tanto, somos un municipio incluyente, pese a quién le pese. Por ello, enhorabuena que este tipo de Congresos se lleven a cabo en Querétaro y que se estén planteando dichas problemáticas que están en la colectividad y requieren de ser procesados institucionalmente y generar su política pública, reconociendo, los primeros jueces que, como Luther King, se atrevieron a soñar en algo diferente, aunque se tenga el desprecio de funcionarios que aun creen que los “minusválidos (sic) no pueden reproducirse o que el pasado debe quedar atrás”, hay deudas históricas imperdonables. *Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y especialista en justicia