Ayer, viernes 7 de junio, se conmemoró en México el Día de la Libertad de Expresión. Este derecho, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, es esencial para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a información veraz y ejercer su derecho a la crítica.

Sin embargo, las condiciones actuales para su ejercicio distan mucho de ser ideales. En México, la situación para periodistas y defensores de derechos humanos ha empeorado drásticamente. La violencia estructural y sistémica ha creado un entorno hostil y peligroso. En 2022, Front Line Defenders reportó mil 583 incidentes de amenazas y agresiones contra activistas. Desde 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 164 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor, con 44 ocurridos durante el gobierno actual y 47 en el mandato anterior. La impunidad sigue siendo la norma, con sólo el 12.24% de los casos llegando a una conclusión judicial en los últimos 30 años.

La próxima administración federal debe enfrentar la violencia contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos, implementando reformas que aseguren la rendición de cuentas y fortalezcan el Estado de Derecho. Un aspecto crucial es fortalecer el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que necesita más recursos y procesos más ágiles. Además, los estados deben crear y fortalecer institutos locales independientes que realmente funcionen y donde estas personas se vean representadas y protegidas. La descentralización es clave para abordar las particularidades de cada región.

En Querétaro, impulsar la libertad de prensa y expresión es crucial para los gobiernos estatal y municipal, ya que es un elemento clave en la competitividad y en las políticas de fortalecimiento del ecosistema de innovación. La relación entre democracia y libertad de expresión con la competitividad y el desarrollo es fundamental. En un ecosistema de innovación caracterizado por la democracia del conocimiento, los ciudadanos son el centro de los procesos de innovación y participan activamente junto con gobiernos, empresas e instituciones educativas. Según Xiaoran y Cai (2022), este tipo de estructura social facilita el emprendimiento de base y la participación pública en la formulación de políticas de innovación. En este contexto, Querétaro ha estado desarrollando políticas para fortalecer su ecosistema de innovación, promoviendo la investigación y el desarrollo, el fomento del emprendimiento y la creación de alianzas estratégicas entre universidades, industrias y el gobierno. Sin embargo, para que estas iniciativas sean efectivas, es indispensable garantizar un entorno donde la libertad de expresión sea plenamente respetada y protegida. La capacidad de los ciudadanos para participar libremente en el debate público y criticar constructivamente las políticas gubernamentales es esencial para fomentar una cultura de innovación y mejora continua.

La libertad de expresión debe ser defendida y promovida activamente. Esta lucha es diaria y exige un compromiso inquebrantable por parte de todos los sectores de la sociedad. Sin ella, cualquier noción de democracia se convierte en una mera ilusión, y se limita el desarrollo económico y social.