La semana pasada, distintos medios publicaron los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU del INEGI) y destacaron que la percepción de inseguridad disminuyó en el país, aunque todavía cerca de seis de cada diez personas consideran insegura la ciudad donde viven. También llamaron la atención las diferencias entre territorios: mientras algunas ciudades mantienen niveles relativamente bajos, en Irapuato y Culiacán nueve de cada diez personas manifestaron sentirse inseguras, y en otras ciudades afectadas por disputas criminales o por el crecimiento de los delitos cotidianos los porcentajes superan 80%. Para el caso de Querétaro, llamó la atención que la percepción se ubicó en 36.1%, casi 24 puntos por debajo del promedio nacional, pero también que la confianza en sus policías municipal y estatal permanece claramente por encima de la media del país. Esto permite plantear una pregunta: ¿qué relación existe entre la confianza en las instituciones locales de seguridad y la estabilidad que Querétaro ha mantenido en sus datos de percepción?
La comparación nacional muestra que ambas variables se encuentran estrechamente relacionadas. Al analizar cerca de 90 ciudades entre 2024 y 2026, las ciudades con menor percepción de inseguridad tienden a registrar una mayor confianza en sus policías locales. En Mérida, donde alrededor de 33% de la población considera insegura la ciudad, la confianza en la Policía Municipal alcanza 71%; en Uruapan e Irapuato, donde ocho o nueve de cada diez personas perciben inseguridad, la confianza desciende a 35 y 43%, respectivamente. Esta relación es más fuerte en las policías municipal y estatal y se reduce considerablemente cuando se observa al Ejército o a la Marina: Uruapan, pese a sus elevados niveles de temor, mantiene una confianza en la Marina cercana a la registrada en Mérida.
Una parte de la diferencia entre las ciudades que más confían en sus policías locales y aquellas donde la confianza se encuentra en sus niveles más bajos se relaciona con la presencia de organizaciones delictivas, particularmente de grupos y células de escala local que necesitan controlar el territorio donde operan. Para estas organizaciones, la policía municipal constituye una institución estratégica: conoce las calles, identifica a las personas, recibe las primeras denuncias y tiene información sobre operativos, comercios y conflictos comunitarios. Por ello, los grupos delictivos buscan someterla mediante sobornos, amenazas, incorporación de agentes a sus redes o acuerdos con los mandos. En estas ciudades, la población evalúa a la policía a partir del robo que permanece impune, la patrulla que no llega y la sospecha, fundada o generalizada, de que algunas personas integrantes de la corporación protegen a quienes cometen los delitos. La corrupción percibida y la desconfianza policial se encuentran, además, relacionadas con un mayor miedo al delito, incluso al considerar las experiencias directas de victimización.
La situación crítica de numerosos municipios ha servido como argumento para que el Poder Ejecutivo federal fortalezca durante los últimos gobiernos a las fuerzas federales y concentre en ellas una parte creciente de las tareas de seguridad. Esta orientación ha otorgado mayor respaldo político, operativo y presupuestal a las instituciones federales, mientras el fortalecimiento, la profesionalización y la depuración de las policías estatales y municipales han ocupado una posición secundaria. La lógica de esta política parece ser, en los hechos, “barrer primero”: desplegar fuerzas federales para reducir la capacidad de los grupos delicitivos antes de invertir de manera sostenida en instituciones locales consideradas débiles, infiltradas o corrompidas. El problema es que esa secuencia puede prolongarse durante años y dejar pendiente la construcción de policías cercanas, profesionales y confiables. Las fuerzas federales pueden intervenir ante una crisis, pero la seguridad cotidiana depende de instituciones locales capaces de responder en la calle, investigar los delitos y mantener una relación de confianza con la población.
Querétaro tampoco está al margen de la delincuencia organizada (así lo han mostrado algunos hechos como los ataques en bares y restaurantes, y los constantes asaltos al transporte) pero la diferencia parece estar en que esos grupos todavía no comparten con al Estado la organización de la seguridad cotidiana, o al menos no en buena parte del territorio estatal. La estabilidad de la percepción y la confianza comparativamente alta en las policías locales sugieren que las instituciones conservan capacidad para responder, recuperar el orden y evitar que la violencia se convierta en una experiencia constante. La principal lección es que esa ventaja puede perderse si se descuida el ámbito local: el próximo gobierno deberá asumir como prioridad el blindaje de las corporaciones frente a la corrupción y la infiltración, así como continuar con su profesionalización, supervisión y fortalecimiento presupuestal.