La semana pasada, justo después del puente por los festejos patrios, el Inegi publicó los resultados de la ENVIPE, la encuesta que cada año mide cómo percibe la población la seguridad y cuántas personas han sido víctimas del delito. En Querétaro, los resultados dieron pie a dos lecturas en la prensa. Algunas notas celebraron que la policía estatal aparece entre las mejor valoradas del país. Otras subrayaron que el estado figura entre las tres entidades con mayor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, solo por debajo de Ciudad de México y Estado de México. Ese contraste refleja lo que ocurre en la vida diaria: la ciudadanía reconoce ciertos avances, pero también enfrenta delitos comunes que no dan tregua.

Según la ENVIPE, Querétaro registró en 2024 una tasa de 28 mil 790 víctimas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, una de las más altas del país. En contraste, el Secretariado Ejecutivo documentó ese mismo año 9 mil 980 víctimas de delitos del fuero común. La distancia entre ambas cifras no significa que en Querétaro haya menos delitos, sino que muestra dos miradas distintas: capta la experiencia de victimización —incluyendo la cifra negra—, mientras que el registro administrativo sólo contabiliza los casos que llegan a convertirse en carpeta de investigación. La cultura de la denuncia ha contribuido a reducir la cifra negra frente a otros estados, pero los datos oficiales siguen siendo insuficientes para reflejar la magnitud real del problema.

La buena valoración hacia la policía estatal también tiene explicación. Querétaro mantiene niveles de impunidad altos (78.74%, México Evalúa, Hallazgos 2023), aunque menores al promedio nacional (93.6%). Esa diferencia alimenta la idea de que aquí las cosas funcionan “menos mal” que en otras entidades. El gobierno utiliza estos datos en su estrategia de comunicación, lo que contribuye a reforzar la percepción de confianza, aunque en ocasiones se privilegia la difusión del logro más que la discusión de pendientes.

El gobernador, por su parte, atribuyó la alta tasa delictiva a que en Querétaro la gente denuncia más. Ese argumento aporta un matiz distinto: la inseguridad no crece sólo porque hay más delitos, también porque hay más visibilidad. Denunciar es dar un paso y colocar el delito en el mapa. Pero denunciar no basta. La justicia requiere continuidad: investigación, sentencia, reparación. De lo contrario, lo denunciado se queda en cifras que reaparecen cada septiembre, sin traducirse en soluciones.

La narrativa pública sobre la seguridad en Querétaro descansa en la comparación: estamos “menos mal” que quienes están peor. Pero al medir con parámetros internacionales, la realidad golpea distinto. El estado registra una tasa de homicidios que cuadruplica el promedio de la OCDE y un índice de impunidad muy por encima de los estándares. Presentar los datos como más confiables porque aquí se denuncia más es una verdad parcial: hay más delitos porque la ciudadanía se atreve a alzar la voz, pero esas denuncias terminan en un sistema que en casi 8 de cada 10 casos no ofrece resultados.