La seguridad pública es uno de los temas que más preocupan a quienes habitamos en los diferentes territorios mexicanos, y Querétaro no es la excepción. Esto, en tiempos de preparación de campañas por la gubernatura, enciende las alertas de quienes ocupan el poder y abre ventanas de oportunidad a grupos de oposición que ven ganancias políticas en alentar un discurso alarmista.
Como respuesta, la acción de las autoridades parece haberse concentrado en la regulación de la vida nocturna y el entretenimiento de las juventudes. Así, se han implementado medidas que buscan llamar la atención del electorado y generar la imagen de que se cierran las puertas a la violencia y la delincuencia organizada. Con el argumento de “proteger a juventudes” y “preservar la paz” como ejes discursivos, se restringió la operación de bares y ahora también la música que se escucha. En esta tendencia, hace unos días el Ejecutivo estatal anunció la prohibición de interpretar o reproducir en espacios públicos música que glorifique la violencia o enaltezca a sujetos acusados de delincuencia —con énfasis en corridos— y varios ayuntamientos reformaron sus reglamentos para operativizarlo.
Esta política parece equivocada por dos razones. La primera, porque la experiencia en otros estados ha mostrado que la prohibición de este género no funciona - y no es sólo un problema de diseño jurídico o de implementación deficiente. La experiencia en Sinaloa ilustra los límites de estas políticas. Durante años, las autoridades han tratado de prohibir la música vinculada al narcotráfico, pero ello no ha reducido ni la violencia ni la influencia de las organizaciones delictivas en la vida cotidiana. Por si fuera poco, los intentos de controlar expresiones culturales derivaron en efectos contrarios: artistas que capitalizaron la prohibición como parte de su marca, públicos que se sintieron desafiados y un mercado que encontró la manera de seguir explotando el género.
En segundo lugar, puede haber un error en el diagnóstico de las autoridades sobre las causas del miedo. Los hechos violentos en lugares de convivencia como el bar Los Cantaritos sí impactaron en la percepción ciudadana, pero pueden estarse subestimando otros factores. Los datos de la ENSU (Inegi, julio 2025) muestran que 72.2% de las personas se sienten inseguras en cajeros automáticos en la vía pública, 65% en el transporte público y 63.7% en las calles que transitan habitualmente. En otras palabras, el miedo cotidiano puede relacionarse principalmente con los robos y asaltos.
Si bien es cierto que la violencia simbólica refuerza otras formas de violencia, centrar la respuesta en los corridos parece más una medida de “bote pronto” que una estrategia articulada para atender las causas. El énfasis en la censura desplaza la discusión de los problemas de fondo: mercados criminales, desigualdades y factores estructurales que sostienen la inseguridad.
El académico sinaloense César Burgos advierte que la censura presentada como política de seguridad desplaza la discusión de la prevención y la justicia hacia el control cultural, lo que abre paso a una vigilancia selectiva que limita la libertad de expresión.
