En barrios del Centro Histórico de Querétaro y sus alrededores, la llegada de nuevos habitantes, el cambio en los comercios y el aumento en el valor de la vivienda están generando transformaciones profundas que producen tensiones reales. A veces se les llama gentrificación, y hacerlo puede ser una forma de reclamar el derecho a la ciudad. Pero generalizar sin rigor puede llevar a diagnósticos erróneos y a estigmatizar a ciertos grupos o procesos. La gentrificación no es buena ni mala por sí sola: lo que la vuelve conflictiva es la desigualdad de origen, la falta de regulación y las relaciones de poder que definen quién puede habitar Querétaro y en qué condiciones.
Uno de los actores más señalados en este debate es el de los "nómadas urbanos", jóvenes profesionales, migrantes de otros estados o países, trabajadores remotos que se instalan en ciudades medias como Querétaro. Se les acusa de encarecer la ciudad, de transformarla, de no pertenecer. Pero muchos de ellos también enfrentan precariedad, también alquilan, también buscan comunidad. El señalamiento generalizado impide ver que se trata de un grupo diverso, y que también pueden contribuir a dinamizar economías locales, enriquecer el tejido social y revitalizar zonas en abandono.
Lo mismo ocurre con el turismo. Querétaro ha apostado por esta industria como parte de su estrategia económica. En un contexto nacional donde los clásicos centros turísticos enfrentan saturación, canalizar visitantes hacia ciudades medias puede ser una estrategia viable y sostenible. Pero todo depende de cómo se haga. El turismo, como la llegada de nuevos habitantes, no es un problema en sí mismo. El problema es la falta de regulación, la ausencia de políticas de vivienda, la especulación sin control y la omisión de las autoridades ante la exclusión progresiva de quienes han habitado históricamente esos espacios. Como lo documentan Mahalia Ayala-Galaz y Alejandro Vázquez-Estrada en su estudio sobre el centro histórico de Querétaro, los habitantes de este sector reconocen los beneficios del turismo y la conservación del patrimonio, pero al mismo tiempo enfrentan tensiones derivadas de las presiones de expulsión y los cambios en la vida social cotidiana. Esa experiencia compartida genera una intuición social clara: se necesitan medidas públicas que logren un balance entre los beneficios del turismo y el derecho de las personas a permanecer, participar y decidir sobre el rumbo de sus comunidades.
Así, lo que la vuelve conflictiva la gentrificación son las relaciones de poder abusivas y la falta de controles políticos que garanticen el derecho a habitar la ciudad en condiciones dignas. Por eso, la pregunta no es si queremos o no que lleguen nuevos habitantes o turistas, sino cómo queremos que lo hagan, bajo qué condiciones y con qué garantías para quienes ya están aquí. El urbanismo no puede guiarse por la nostalgia paralizante ni por el miedo al cambio, pero tampoco debe ser indiferente ante la exclusión. Se requiere planear con justicia, con información y con perspectiva de equidad. Esa es la conversación que vale la pena sostener.
Varias ciudades con problemas graves de gentrificación han desarrollado medidas públicas para gestionar sus efectos de manera técnica y proactiva. En Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo, se han impulsado cooperativas de vivienda y cambios normativos que favorecen la permanencia de residentes locales en centros históricos, combinando iniciativas populares con políticas gubernamentales activas. En Bogotá se han implementado restricciones al alquiler puntual y se han regulado hospedajes turísticos para evitar el vaciamiento habitacional, junto con esquemas de vivienda social y control de rentas. En otras ciudades latinoamericanas con centros patrimoniales también se han promovido modelos de propiedad comunitaria del suelo para preservar la diversidad socioeconómica y cultural. Algunas experiencias incluyen la recuperación de espacios públicos y apoyo a comercios tradicionales como estrategias de revitalización sin expulsión. Estos casos muestran caminos posibles para que Querétaro diseñe políticas inclusivas que conjuguen desarrollo sustentable con justicia urbana.
