El gobierno municipal de Querétaro suspendió este fin de semana la subasta de doce predios públicos que había aprobado en mayo. Esto tras las objeciones de legisladoras, organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho urbanístico, entre ellos la voz experta de Gabriel Ballesteros. Se trataba de 74,821 metros cuadrados que llegaron al patrimonio municipal como obligaciones urbanísticas destinadas por ley a áreas verdes, equipamiento urbano y espacios cívicos. Así es, áreas que sabemos son muy importantes en cualquier ciudad mexicana, y que solo desde la ignorancia- o aprovechando la ignorancia u oscuridad- un gobierno pensaría en enajenar y usar como “caja chica”.
El artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro establece que esas superficies son de dominio público con carácter imprescriptible, indivisible, inalienable e inembargable, de modo que la propuesta contravenía una norma vigente y de jerarquía superior a la ley de ingresos municipal invocada como sustento. El acuerdo destinaba lo recaudado a gasto corriente, incluidos combustibles y mantenimiento vehicular, sin publicar avalúos, dictámenes técnicos ni el destino puntual de los recursos, como exigieron legisladoras locales. El costo potencial era verificable: la ciudad cuenta con entre 5 y 6 metros cuadrados de área verde por habitante, frente a los 15 que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en un territorio que requiere suelo permeable para absorber lluvias, mitigar inundaciones y ofrecer espacios de recreación.
La suspensión corrige el rumbo, pero el hecho de que la propuesta haya llegado a aprobarse en cabildo revela un desconocimiento del marco jurídico que debería alertar a otros municipios. Cuando quienes gobiernan ignoran las leyes que protegen el suelo público, la ciudadanía paga los costos ambientales y urbanos. La vigilancia social, en este caso, fue la que funcionó.