Aun considerando los traspiés, complicidades, irregularidades, falta de transparencia e inequidad que ha mostrado el Instituto Federal Electoral (IFE), así como su baja estima social, se debería considerar su permanencia cuando menos en el nombre o identificación oficial. Ya que el sólo cambio de nombre de la institución responsable de la organización de los procesos electorales federales, y tentativamente coadyuvante de los procesos estatales, no es necesario ni adecuado.
El nombre y siglas (IFE) constituyen un elemento identificador de la autoridad electoral frente a los ciudadanos. Además de los gastos que supondría la sustitución de casi 80 millones de credenciales para votar que han sido expedidas; la impresión de toda la papelería oficial, incluyendo padrón electoral y listados nominales de electores, las placas o elementos identificadores en todas las oficinas del IFE (300 distritos, 32 juntas locales y oficinas centrales), el balizado de vehículos, etc., etc. Se requeriría una cuantiosa inversión de muy dudosa utilidad.
Al parecer, los firmantes del Pacto por México, al discurrir sobre una nueva entidad nacional electoral, no percibieron los graves problemas que esto acarrearía, y pensaron que sólo por decreto, la creación de una autoridad electoral administrativa nacional con facultades en todos los procesos electorales (federales y locales) resolvería los problemas del viejo IFE.
Hay que pensar en el enorme esfuerzo administrativo de dicha solución, ya que supone una responsabilidad que comienza en la conversión de 32 órganos del IFE a nivel estatal en autoridad federal y local al mismo tiempo; la creación de órganos de dirección y ejecutivos en todos los distritos electorales locales y municipios de México. Toda vez que el IFE no fue diseñado para asumir esas tareas, sería necesaria una reingeniería jurídica, organizativa y técnica monumental, además de considerar los recursos presupuestarios que deberán destinarse para tal efecto, resolviendo antes el delicado asunto del origen de dichos recursos ¿Quién pagará: el gobierno federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto total de elecciones estatales, municipales y en el Distrito Federal; o será a través de convenios de coordinación fiscal para transferir al Instituto Federal Electoral recursos de los presupuestos estatales?
Si el IFE asume por convenio la responsabilidad sobre algunas actividades, tareas o procedimientos en los procesos electorales locales, ello representará una fórmula intermedia entre el extremo de la creación de la autoridad nacional, por decreto, y la situación hoy imperante. Sin embargo, se deja abierta la puerta a un sinnúmero de problemas prácticos.
Por ello es de considerarse la exploración de una fórmula legal que preserve la naturaleza federal de la República, y por ende la soberanía de los Estados, en todo lo que concierne a su régimen interior. Esto implicaría el preservar la existencia de las autoridades electorales locales en pleno uso de sus facultades dentro de sus respectivos territorios, como es el caso del Instituto Electoral de Querétaro, no sin los debidos ajustes legales y administrativos que lo orillen a una sencillez, transparencia y austeridad en su ejercicio.
Como se ha señalado con anterioridad, el IFE podrá celebrar convenios con las autoridades locales para asumir de manera integral las facultades y tareas de naturaleza ejecutiva que corresponden a los consejos generales, distritales y municipales. Así las juntas locales y distritales del IFE, que son órganos permanentes, serían directamente responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, de la ejecución de las tareas establecidas en los convenios, otorgándose a la Junta General Ejecutiva el papel de vigilancia y control. Los Consejos del IFE (General, locales y distritales), no ejercerían facultades de autoridad sobre los procesos electorales locales, pues esas facultades seguirían en manos de los institutos locales.
En lo que hace a la justicia electoral, hay dos posibilidades: la primera es que subsista el sistema actual, dejando en manos de los tribunales electorales locales, en primera instancia, la solución de controversias por actos de la autoridad local. La segunda opción es avanzar hacia un sistema nacional de justicia electoral, enviando al ámbito federal la totalidad de facultades sobre los procesos electorales, tanto federales como locales.
La realización de convenios de diverso tipo entre autoridades electorales estatales y el IFE ha sido una constante desde hace varias décadas, un ejemplo es el uso del registro electoral. Actualmente las 32 entidades federativas han firmado convenios para el uso del padrón, las listas nominales de electores y la credencial para votar, para su uso en los procesos electorales estatales. Así la alternativa de avanzar hacia un sistema nacional de elecciones a través de convenios específicos entre el IFE y las autoridades electorales locales, es una viabilidad que deben considerar, no sólo el triunvirato del Pacto por México, sino toda la clase y actores políticos, así como la ciudadanía.
Consejero electoral del Instituto Federal Electoral
