Durante muchos años en México se instaló la idea de que el sistema electoral era prácticamente intocable. Se nos dijo que cualquier intento por revisarlo significaba poner en riesgo la democracia. Pero con el paso del tiempo también quedó claro algo que millones de ciudadanos perciben con sentido común: la democracia no debería ser un sistema diseñado para sostener privilegios, sino para servir a la gente.
En mi opinión, ese es justamente el fondo del debate que hoy existe en torno al llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata solamente de una discusión jurídica o técnica entre especialistas. Lo que realmente se está discutiendo es si las instituciones electorales deben seguir funcionando como lo hicieron durante décadas o si pueden evolucionar para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía.
Durante mucho tiempo el sistema electoral mexicano fue creciendo en tamaño, en presupuesto y en complejidad. Hoy tenemos instituciones grandes, procesos administrativos extensos y partidos políticos que reciben miles de millones de pesos del erario cada año. Mientras tanto, la realidad cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos está marcada por preocupaciones mucho más urgentes: el empleo, la seguridad, la salud o las oportunidades para sus familias.
Desde mi perspectiva, es completamente válido preguntarnos si ese modelo puede volverse más eficiente y más responsable con el dinero público.
La democracia no se mide por cuánto cuesta, sino por qué tan bien funciona para mejorar la vida de las personas. Por eso considero que revisar los excesos del sistema electoral, reducir costos y hacer más simples algunos procesos no representa un retroceso democrático. Al contrario, puede ser una forma de fortalecerlo y de acercarlo nuevamente a la ciudadanía.
La transformación que vive México ha puesto sobre la mesa un principio que durante mucho tiempo parecía imposible dentro de la política: la austeridad también debe aplicarse al poder. No solo a los gobiernos, sino a todas las estructuras que forman parte del sistema público.
En ese sentido, coincido con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando plantea que las instituciones deben evolucionar y adaptarse a una nueva realidad donde la política deje de verse como un espacio de privilegios y se entienda como una herramienta para servir mejor al pueblo.
Por supuesto, en una democracia siempre habrá debate. Habrá quienes consideren que el modelo actual funciona adecuadamente o que cualquier modificación implica riesgos. Esa discusión es legítima. Pero también es legítimo reconocer que las instituciones no pueden permanecer inmóviles mientras la sociedad cambia.
México vive un momento en el que la ciudadanía exige gobiernos más cercanos, más transparentes y más responsables con el uso del dinero público. Y esa exigencia también alcanza al sistema electoral.
Al final, la pregunta es sencilla: si la democracia existe para servir a la gente, entonces también debe estar dispuesta a revisarse para cumplir mejor ese propósito.
Desde mi punto de vista, ese es precisamente el sentido de este debate. No se trata de debilitar la democracia, sino de hacerla más congruente con lo que hoy espera la sociedad mexicana.