Acordaron violar las normas electorales trastocando la certeza jurídica al modificar plazos establecidos por la ley. La magistrada de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora Malassis, propone al Pleno revocar el acuerdo INE/CG526/2023, relacionado con los plazos del proceso de precampañas. Resulta que a las y los consejeros se les ocurrió cambiar la semana establecida en el párrafo 2º, inciso a) del artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, en el que se establece que, las precampañas iniciarán la tercera semana de noviembre; como no les acomodó el artículo, acordaron adelantar las precampañas 2 semanas antes. De suyo, violación a los principios de certeza y legalidad establecidos en la Constitución en materia electoral.

Aberrante el infundado cuerdo, razón por la cual se propone la revocación del mismo. Dejar hacer y dejar pasar esta violación a los consejeros se empoderarían, al igual que lo viene haciendo el presidente de la República en su actuar en el desempeño de sus funciones, quien, un día sí y el otro también, viola cualquier ley para imponer su voluntad. La certeza y la legalidad son principios que obedecen a un sistema democrático que permite a los ciudadanos que las autoridades deben dar cumplimiento a las normas vigentes, de lo contrario se romperían los principios legales para ingresar directamente al autoritarismo. Total, por medio de cualquier acuerdo decidirían si cumplen o no con la ley.

Inconcebible que las autoridades electorales del INE hayan pretendido violentar las etapas establecidas en la ley dentro del proceso electoral federal. Omitir corregir el abuso, que no el yerro, sería abrir la puerta a los caprichos de la autoridad que pondría en riesgo las elecciones. Todos los partidos tendrían que ajustarse a la voluntad de los consejeros y no a las normas vigentes. El INE ha tolerado irresponsablemente la violación a los tiempos de las pre y campañas, con aquella trampa iniciada por AMLO y Morena sobre las elecciones “internas” de coordinadoras o representantes de organizaciones políticas inexistentes en los estatutos de los partidos, lo que se convirtió abiertamente en campañas políticas, cuando debieron prohibir tajantemente el fraude a la ley. Frente al desorden electoral solapado, parece que a las y los consejeros les ganó la emoción de emular la ilegal conducta del primer mandatario, quien a diario desdeña públicamente el cumplimiento de la ley. El TEPFJ los corregirá.

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