500 mil millones de pesos invertirá el gobierno federal en el 2024 para el pago de pensiones, herramienta electoral que utilizará el presidente de la República, para intentar manipular en la jornada electoral a poco más de 12 millones de beneficiarios. Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, asegura que superarán los 12 millones de beneficiarios al término del sexenio. Vence este mes de diciembre el registro de los adultos mayores que hayan cumplido los 65 años o más. Los “siervos de la nación” y Morena insisten en la campaña para inducir a los beneficiarios a que voten por otro sexenio más de mentiras, haciendo creer a los adultos mayores que el dinero que reciben los pensionados es gracias al presidente ¡Falso! El recurso público se obtiene de los ingresos que aportan los contribuyentes al fisco. Es un derecho constitucional y no discrecional del gobierno federal.

Morena confía en el engaño hacia los adultos mayores. Craso error. Al menos el 50% de los beneficiarios saben que, de perder las elecciones el gobierno de la “transformación” del 2 de junio de 2024, la pensión continuará vigente, no depende de la voluntad unipersonal o de un partido. El Derecho está consagrado en la Constitución. La aspirante a presidir el Poder Ejecutivo, Xóchitl Gálvez, insiste constantemente en afirmar lo contrario; que, de ganar la Presidencia subsistirá la pensión universal.

El gobierno federal, por voz del mismo presidente de la República, asegura que adelantará los depósitos de las pensiones y que, a partir de enero próximo, el bimestre valdrá 6 mil pesos; adelanto que realizará su gobierno por “respeto” a la veda electoral. Si la afirmación del presidente fuese cierta, hace mucho no se inmiscuiría en el proceso electoral, en respeto a la misma Constitución. El doble discurso habla por sí mismo. Lo cierto que AMLO pretenderá ganar voluntades de los más de 12 millones de pensionados cuando reciban 18 mil pesos por adelantado. Más parece una extorsión de compra de votos que un programa de beneficio social. Es necesario que todos los beneficiarios de la pensión sepan que el dinero que reciben no es por voluntad del presidente. El mismo gobierno debiera implementar una campaña publicitaria para precisar que no estarán obligados a votar por el partido en el gobierno. Los partidos de oposición también debieran aprovechar los recursos públicos de las prerrogativas que reciben del INE, para puntualizar con meridiana claridad el engaño al que pretenden inducirlos.