Parte de los festejos patrios del 15 de septiembre, sin duda que se enmarcará la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica de Ovidio Guzmán. Continúa sorprendiendo que las autoridades del vecino país hayan perseguido al presunto responsable de varios delitos que tienen su origen en territorio nacional, mientras que la Fiscalía General de la República no le haya instruido la persecución de ningún ilícito. También sorprende que el obsequioso presidente Andrés López, clame justicia y pretenda la extradición del “Chapo Guzmán”, para que compurgue su pena de prisión en México, ya que en la cárcel de los EUA no le permiten ni tomar el sol. Aún más sorprendente que el titular del Poder Ejecutivo, acuda a lo más recóndito de la sierra de Sinaloa, a saludar a la mamá del “Chapo” y abuela de Ovidio. Definitivamente algo no anda bien con las autoridades mexicanas.

En octubre de 2019, en cumplimiento de orden de aprehensión, habían detenido a Ovidio; pero, por órdenes del Presidente fue dejado en libertad. En enero del 2022, por presiones del gobierno norteamericano volvió a ser aprehendido. Todo era cuestión de tiempo. Los abogados de Ovidio Guzmán, solo retrasaron lo inevitable. Por medio de juicios de amparo obtuvieron varias suspensiones para evitar el traslado de manera inmediata a tierras norteamericanas. Mientras estuvo interno en México, Ovidio seguía operando, cuentan los expertos. Hermanos y medios hermanos de Ovidio, continúan con el “emporio” de las drogas. El gobierno de México no ejercita acción penal en contra de los Guzmán. Las especulaciones de los expertos en la materia hacen suponer la existencia de contubernios entre autoridades y delincuentes, derivado de las libertades con que actúan los “chapitos” y la relación del presidente con la abuela de cartel de Sinaloa.

Para el representante del Poder Ejecutivo federal, es más sencillo vituperar, calumniar a sus enemigos políticos, incluso a otras autoridades como a la presidenta de la SCJN, que osar ofender a los delincuentes, en favor de quienes pide a las fuerzas de seguridad federal respetar los derechos humanos de los criminales. Bajo la política pública de abrazos a los delincuentes, la violencia criminal aumentó en este sexenio; más de 165 mil homicidios y 40 mil desaparecidos. Y los que faltan. Al Presidente que más elementos de seguridad le han aprobado para combatir a la delincuencia, las cifras de delitos se le disparan. Definitivamente, en materia de seguridad, en el gobierno de la 4T algo no anda bien.

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