Otro juez de distrito, adscrito en el estado de Zacatecas, concedió la suspensión provisional a la organización social denominada “Colectivo Nacional Anticorrupción”, a efecto de que la Secretaría de Educación Pública se abstenga de repartir los libros de texto gratuito correspondientes al ciclo escolar que inicia mañana lunes.
En 2 juicios que se ventilan en la SCJN y varios en materia de amparo directo, acordaron conceder la suspensión provisional mientras se resuelve el fondo del asunto. Frente a las diversas resoluciones judiciales, el Presidente de la República, amenaza con el desacato y advierte que nadie impedirá la entrega de los libros.
Comete el delito de desacato todo aquel servidor público que incumple con cualquier resolución dictada por las autoridades jurisdiccionales del ámbito federal. Además, trae aparejada la destitución del cargo. Dado el prurito que le causa al presidente cualquier orden judicial que le impide ejecutar sus actos abusivos, gusta arremeter en contra de esas autoridades, acusándolas de corruptas y conservadoras, sin sustento en pruebas que demuestren algún abuso de las autoridades judiciales. Dada la rebeldía mostrada por el titular del Poder ejecutivo para cumplir con lo ordenado por las autoridades judiciales, la presidencia presentó una queja en contra del ministro Luis María Aguilar, por haber concedido la suspensión provisional. De tal suerte que ahora la SCJN entrará al estudio sobre la actuación del ministro por medio de las impugnaciones de reclamación.
Si bien el ministro Aguilar concedió las suspensiones, solo surten sus efectos para los casos que en particular presentaron la controversia los estados de Chihuahua y Coahuila. Y, las suspensiones concedidas por jueces de distrito, sí tiene efectos generales en todos los estados de la República Mexicana, para que no se entreguen los libros a las escuelas ni a las y los millones de educandos. Con argucias inaplicables en los juicios de amparo y las controversias, las autoridades intentan burlar las suspensiones. El colmo, el presidente amenaza y advierte que sí entregarán los libros, pese a lo ordenado por las autoridades judiciales.
Habrá un “encontronazo” entre los Poderes Ejecutivo y Judicial. El Presidente impulsa abiertamente la comisión del delito de desacato. Si el titular del Poder Ejecutivo se revela a obedecer una orden judicial, el ejemplo cunde en los justiciables y demás autoridades insurrectas ¿Por qué cumplir las órdenes judiciales si el presidente no las obedece?
Analista legislativo. @HectorParraRgz
