El pasado jueves los diputados locales, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, designaron a los dos nuevos magistrados que forman el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.

La designación recayó en dos servidores públicos del Poder Ejecutivo; todo queda en casa. Lorena Montes Hernández, quien trabajó hace años en el Poder Judicial del estado, también se desempeñó en el Legislativo, fue directora del Registro Público de la Propiedad y ocupaba el cargo de directora del Registro Civil. José Landeros Arteaga se desempeñaba como Procurador Fiscal del estado. El Tribunal desde su creación fue unitario, la presidenta es Fabiola Mondragón Yañez.

El Tribunal surge como parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, el que a su vez da vida al sistema estatal que no ha podido entrar en funcionamiento por aquello de la inconstitucionalidad de las reformas hechas por nuestros legisladores, declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a la fecha no se ha creado la normatividad en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Problema que se agravó con la sentencia de un juez de Distrito que complicó la vigencia de la normatividad.

Pero bueno, las cosas empiezan a tomar forma para castigar a los corruptos que gustan servirse delincuencialmente del erario; y es que México está considerado como uno de los países más corruptos; de 168 países ocupamos el lugar número 58.

¿A qué se dedicarán los magistrados del nuevo Tribunal? Estos aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas.

Parte del entramado legal determina que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y los órganos internos de control, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las demás faltas y sanciones administrativas serán resueltas por las dependencias y los órganos internos de control referidos.

La burocracia para combatir la corrupción crece y vaya que resulta costosa a los bolsillos de los contribuyentes. De tal manera que los entes públicos del estado y los municipios deben tener órganos internos de control para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas faltas distintas de las que serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; también realizarán actos de vigilancia y presentarán denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Éste es otro órgano que pronto entrará en funcionamiento. Más burocracia.

El Tribunal podrá imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. También podrán ser sancionadas las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

Más atribuciones de trascendencia a cargo de los magistrados, ya que podrán ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios.

Analista legislativo.

@HectorParraRgz