Tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun pueden hacer de las suyas. Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, los 3 magistrados oficialistas que hacen mayoría en la Sala de 5, puesto que el Senado de la República, siempre se negó a nombrar a los 2 magistrados que hacen el total de 7 en del pleno de la Sala Superior.
Estos 3 magistrados han sido capaces de amenazar a jueces de distrito por intervenir, según ellos, en asuntos electorales, cuando fueron requeridos por un juez de distrito, para que procedieran a designar a los 2 magistrados que hacían falta para realizar un acto eminentemente constitucional, como lo fue el cómputo final de la elección presidencial, dado que la Constitución, en su artículo 99, exige, al menos 6 de los 7 magistrados al momento de llevar a cabo ese acto y la declaración de validez de la elección. Al final tuvieron que designar a un magistrado más para cumplir con la Constitución. Entonces acordaron denunciar penalmente al juez que osó ordenarles que nombraran a los 2 magistrados que faltaban y siguen faltando; además, darían cuenta al Consejo de la Judicatura para que procediera a iniciar juicio de responsabilidad. No se supo al final cual fue la suerte del juez de distrito.
Esos mismos 3 magistrados hicieron caso omiso a las suspensiones provisionales y definitivas emitidas por diversos jueces de distrito; literalmente ordenaron violar las resoluciones, dado que solo ellos eran los únicos y competentes para tratar los asuntos electorales. De las resoluciones que emitieron los magistrados oficialistas, se respaldaron en el Senado y en el Poder Ejecutivo, para no respetar y violar las suspensiones, así como el INE; de ahí que continuaron con el proceso electoral, haciendo caso omiso a las suspensiones. El único que acató las resoluciones fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien terminaron haciendo a un lado, habiéndoles ordenado que enviaran las listas de aspirantes al Senado de la República, quien se arrogó la facultad inconstitucional e ilegal de mandar esos listados al INE, quien terminó por incorporar a los aspirantes a la contienda electoral. Entre quienes se encontraban en las listas de la Corte, estuvieron las 3 ministras amloistas que terminaron siendo “electas”, repetirán en el cargo.
El Consejo General del INE resolvió el fin de semana la eliminación de 24 magistraturas ganadoras por incumplir con el requisito constitucional del promedio de 9 en las asignaturas relativas a la materia legal en que se inscribieron; de la misma manera, los consejeros eliminaron a 21 aspirantes a jueces por no cumplir con el mínimo de calificación de 8 en la licenciatura. La resolución incomodó a la presidente de la República, arguyendo sin sustento legal alguno, que se habían excedido en sus atribuciones en el INE; criterio falaz que respaldó el diputado morenista y coordinador de la JuCoPo, Ricardo Monreal Ávila, así como la presidenta de Moena.
La falla, el error y el vicio lo cometieron los integrantes de los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al dejar pasar a candidatos que no reunían los requisitos constitucionales. La Presidente, lavándose las manos sobre su responsabilidad, culpó al INE, argumentando que ese acto debieron hacerlo antes y no después de que obtuvieron los “triunfos en las urnas”. El INE, simplemente ordenó la impresión de las boletas con todos los nombres de las listas que les fueron enviadas, considerando que los miembros de los Comités habían hecho su trabajo. Mas no fue así, error tras error. Así que, en el camino se tuvieron que ir subsanando por medio de acuerdos los vacíos legales que dejaron los legisladores.
Seguramente entre los eliminados hay personas que son del interés de la presidente, por ello su molestia y crítica hacia el INE; de tal suerte que la señora presidente ya anunció cambios en el Instituto Nacional Electoral, por medio de la iniciativa que elaborará y enviará al Congreso de la Unión.
¡Ah sorpresa! Es muy posible que algunos de los “ganadores” en las urnas y perdedores en el texto constitucional, se podrán inconformar e ir a la Sala Superior, para que, los magistrados oficialistas, les regresen los triunfos, antes de que el INE designe a los segundos lugares en las competencias electorales. Solo esperan instrucciones. Y tras sus resoluciones no vale amparo ni resolución de la SCJN, al ser la máxima autoridad en materia electoral, ya lo demostraron violando las suspensiones de amparo.
Así las cosas, los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aún pueden hacer de las suyas. Total, se saben protegidos por el oficialismo, dado que fueron premiados anticipadamente con varios años más en el cargo, gracias a la reforma constitucional.
