Justificación no pedida, confesión manifiesta; disculpa no pedida, culpa manifiesta; quien se excusa, se acusa; explicación no pedida, acusación reconocida. Frases comunes en el ámbito del Derecho Penal. El miércoles pasado, en la conferencia mañanera del Presidente de la República, después de 13 días de sucedidos los abochornables hechos, mostraron el rotundo fracaso en materia de estrategia, seguridad y combate a la delincuencia por parte de las fuerzas de seguridad federal en el municipio de Culiacán, Sinaloa. El equipo de “Seguridad”, pretendió, una vez más, justificar que aquel fracaso fue en verdad, solo para ellos, un triunfo ¡Salvaron vidas inocentes! Sin el menor rubor, tanto el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, paso a paso narraron el evento, acompañándolo con videos y croquis. Las serias y reflexivas críticas que han recibido de legos y expertos en la materia, a consecuencia de la pésima planeación, ejecución y liberación del detenido Ovidio Guzmán, fracaso que los obligó a forzar y cambiar los hechos históricos para salvar su honor, creando una ficticia narrativa que les permita salir bien librados, sobre todo tratándose del mayor problema de gobernabilidad por el que atraviesa el gobierno de la 4T: la incontenible y alta inseguridad que se vive en el País. Después de la larga y justificada historia de los narradores, el Presidente de la República, concluyó, una vez más: “no hay guerra contra el narcotráfico”. Formalmente en México nunca ha existido guerra alguna contra el narcotráfico, coloquialmente Felipe Calderón, entonces Presidente de la República le llamó “guerra”.
Jurídicamente es combate, erradicación o como quieran llamarle, al programa (debe existir formalmente un programa al cual se le aplican millones de pesos para su ejecución) de estrategia gubernamental para combatir y acabar con la delincuencia organizada; a la cual, por cierto, no existía hasta hace unos años; nueva figura típica que castiga con mayor rigor a los delincuentes por los delitos que cometen en organización; una de esa típicas figuras es el tráfico de estupefacientes, de suerte tal que, si el gobierno no los combate, deja de cumplir con su responsabilidad constitucional, dado que la delincuencia organizada se ha diversificado y comete otros tantos delitos. La denominación de “guerra” es solo un concepto coloquial, no jurídico; consecuentemente el Presidente de la República no puede excusarse de no perseguir a esos delincuentes dado que no hay “guerra”. ¿Arriesgar vida de inocentes por cumplir con la responsabilidad? NO. Fue una tremenda estrategia fallida y en su ejecución otro tanto; pretenden convertir y pervertir en “virtud”, el no arriesgar la vida de inocentes. Ahora se sabe con certeza que se trató del cumplimiento de un mandato judicial derivado de una orden de extradición de autoridad norteamericana.
Lo interesante, además de la desvergüenza mostrada, sería conocer el reporte legal a la autoridad que solicitó el requerimiento de la orden de aprehensión, la cual se había cumplimentado; pero, voluntariamente fue abortada por orden presidencial, autoridad que carece de atribuciones para ordenar la liberación del detenido. Esa fue acción consciente de un delito plasmado en el Código Penal. ¿Habrá responsables de ello? Por supuesto que no, en el gobierno de la 4T existe un repudio a cumplir con el Estado de Derecho. Por eso el pretendido deslinde de responsabilidades en la narrativa del “humanista”.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
