Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Justicia denegada. Raymundo Riva Palacio dio a conocer que obtuvo un amparo definitivo en contra de los señalamientos que en su momento realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra del periodista en las conferencias matutinas. Después de casi 3 años la autoridad judicial le dio la razón constitucional y legal. AMLO ya no es el titular del Poder Ejecutivo, ni antes ni ahora puede ser sancionado. A la par, la señora Elizabeth García Vilchis, actuaba en el programa de “Quién es quién en las Mentiras”, en las mediáticas mañaneras; aquel fue un espacio propagandístico para vituperar, amenazar, calumniar a los periodistas incómodos al gobierno amloista. En la sentencia el juez determinó que existieron violaciones a los artículos 6 y 7 constitucionales, mismos que protegen la libertad de expresión, prensa e información. El juez de la causa determina la existencia de diversas las ilegalidades cometidas por el expresidente y su empleada en materia de libertad de expresión, prensa e información.
Desde las entrañas del Poder fueron usados recursos públicos para difamar, mentir, atacar, violar la privacidad de muchos “adversarios” políticos. AMLO usaba todo el aparato mediático del Estado para vilipendiar a los periodistas incómodos. Desde el gobierno cometieron abusos flagrantes en función de intereses de diversa naturaleza; claro y evidente abuso del Poder para reprimir a la prensa libre. El litigio comenzó en 2019, habiendo conseguido entonces la suspensión. En el caso particular, en Villahermosa, Tabasco, López Obrador calificó al periodista de “cretino” a razón de una de sus columnas críticas.
Después de un largo peregrinar por parte del periodista —equivocó el medio adecuado de impugnación—, su juicio fue tramitado ante el tribunal competente hasta conseguir la sentencia definitiva. El resultado final le permitirá la posibilidad de exigir responsabilidades por los abusos desde el Poder. Pero, ¡Los responsables ya no están en funciones! Justicia tardía. Sin embargo, se crea el criterio legal para futuras defensas de la libertad de expresión, misma que deben respetar todos los empleados de gobierno y/o representantes del Estado. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya borda sobre las mismas ilegalidades; ha estado utilizando, entre otros instrumentos del Estado, para intimidar, amenazar, amedrentar a los “incómodos” del gobierno: a la UIF y al SAT. No han cambiado mucho las formas del vituperio y la calumnia.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
