Concierto de prohibiciones por parte de autoridades electorales que limitan derechos humanos de los mexicanos y vetos de las autoridades administrativas que fortalecen la opacidad gubernamental. Durante los regímenes de los gobiernos neoliberales la sociedad civil logró crear instituciones que permitían supervisar y limitar muchas de las actividades antes reservadas de manera exclusiva al poder político. Así se crearon instituciones como el INE o la CNDH, entre otros. De ellos se sirvieron para acceder a la función pública quienes hoy gobiernan. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, en poco tiempo esas instituciones les resultaron incómodas; unas las “conquistaron” con gente afín a ellos, otras de plano fueron eliminadas. AMLO inició el combate en contra de las instituciones ciudadanizadas en beneficio de la opacidad de su gobierno, creando decretos administrativos para no dar a conocer el ejercicio de miles de millones de dólares o de pesos, bajo el pretexto de la “seguridad nacional”.
Otras instituciones como el TEPJF, el INE o la CNDH, fueron cooptadas con gente afín al oficialismo. Estas laboran más en beneficio del poder público que en cumplimiento autónomo e independiente de sus atribuciones: en perjuicio de los derechos civiles y políticos de los mexicanos. Tres magistrados de la Sala Superior del TEPJF, dedicados a salvaguardad los intereses de servidores públicos del oficialismo; imponen sanciones autoritarias y vejatorias, como fue obligar a un particular a que asistiera el Senado de la República a emitir una disculpa pública al presidente de la mesa directiva; persecución pública y abuso de poder; de ahí siguieron otras sentencias abusivas y desproporcionadas que conllevan la intención de la censura: prohibido criticar a las autoridades. Otra sentencia, ahora en favor de la presidenta municipal de Acapulco Guerrero; a pedir disculpas públicas y reiteras. Están creado leyes con el mismo propósito: silenciar voces críticas.
El gobierno federal, al abrogar varias instituciones ciudadanizadas, eliminó funciones públicas; otras las asumió como en los viejos tiempos. Cada vez más opacidad y más poder a las autoridades, todo en detrimento de la ciudadanía, que ve reducidos sus derechos. Políticas públicas que, de continuar, nos llevan inequívocamente a un régimen de corte autoritario, a una dictadura. Millones de mexicanos ignoran o poco les interesa lo que están llevando a cabo las autoridades identificadas con la cuarta transformación: Intolerantes.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
