El choque entre Trump y los narco políticos estaba cantado. No sorprendió la decisión, pero sí que hubiera urgencia, se adelantara el “calendario”, y que apuntara a las proximidades de Andrés Manuel. Tampoco sorprendió la respuesta de Sheinbaum y que el liderarzgo de la estrategia de defensa de la 4t se atribuya al dueño del poder, del modelo, del partido y del gobierno —AMLO—, exigiendo que la investigación se haga en México, que la Fiscalía aplique el modelo de exoneración seguido con el general Cienfuegos y Adán Augusto (“La Barredora”), para arraigarlos y garantizar, por la omertá, que no se exponga a otros miembros, lo que podría escalar el conflicto.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la estrategia de realineamiento geopolítico estaba clara: desplazar al socialismo del continente mediante el combate a sus financiadores, los cárteles de la droga, catalogados de grupos terroristas, y a los políticos que los apoyan, ya sea por convicción, beneficios o miedo.
Para ello se habló de varias listas —del Departamento de Estado, la Vicepresidencia, etc.— de políticos mexicanos involucrados con el crímen organizado: secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, dirigentes partidistas —y algunos opositores—. En todas, Rocha Moya era pieza clave por su cercanía con Los Chapitos, el financiamiento a su campaña a la gubernatura —y las de otros morenistas—; por su participación en el affaire Mayo Zambada y la muerte de su enemigo Héctor Melesio Cuén.
Pasado el rápido efecto del primer golpe, las dudas que surgen es sobre quiénes serán los próximos —son muchísimos los narcopolíticos en funciones—, cuándo serán solicitados y, de manera especial, en qué circunstancias se llegaría a Andrés Manuel, familia y cercanos —porque nada se hizo sin su conocimiento y consentimiento—, y de la capacidad de la 4t para ganar tiempo burocratizando la investigación (resistir sin ceder ni confrontarse), hasta las elecciones de noviembre.
Más allá de narrativas (defensa de la soberanía; persecución política de un gobierno extranjero; falta de pruebas); del implícito conflicto legal, diplomático y de comercio bilateral; de las presuntas causas (presencia de Sheinbaum en Barcelona; falta de empatía a los miembros de la CIA muertos en Chihuahua; ataque con tintes electorales a la gobernadora Maru Campos; acoso contra el embajador Ronald Johnson, en Culiacán, etc.), el hecho se inscribe en la lógica geopolítica: la 4t pertenece al bloque socialista, rival del Escudo de las Américas.
Para no entregar cabezas, Sheinbaum apuesta por la narrativa de la motivación política de la solicitud, lo que invalida, de acuerdo al Tratado de Extradición, la entrega de los señalados, pero podría hacer una cesión selectiva —peces chicos y opositores— para tranquilizar a Trump y no darle motivos para acciones unilaterales, o reducir beneficios en el T-MEC.
Aunque, hubo advertencias previas: en marzo, el FBI entregó a la Cancillería mexicana pruebas de depósitos en paraísos fiscales vinculados a 10 políticos clave relacionados al “Huachicol Fiscal”; el 15 de abril, en plena Cumbre de Barcelona, el Fiscal General de EU anunció acusaciones formales (indictments) contra el grupo de los 10; el 28 de abril, la Embajada de Estados Unidos en México entregó a la SRE la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra los funcionarios y exfuncionarios mexicanos; y, el 1 de mayo, el Departamento de Estado entregó las solicitudes de detención con fines de extradición, por presuntos delitos de narcotráfico, conspiración para distribuir drogas, tenencia ilícita de armas y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
A Trump le incentivan intereses reales de seguridad interna y electorales, por lo que no dudará en dar más nombres de narcopolíticos. La pregunta es: además de Rubén Rocha Moya y compañeros ¿quiénes serían los morenistas que siguen?
Periodista y maestro
en seguridad nacional