El control de los medios de comunicación y de las redes sociales, impulsado por Claudia Sheinbaum, es parte de la agenda socialista a la que pertenece Morena a través del Foro de Sao Paulo. Y no, no es opcional, como se ve en la persecución que han desatado los gobiernos morenistas de Campeche y Puebla, a los que, seguramente, le seguirán otros.
A pesar de que la presidente y la secretaria de Gobernación juren y perjuren de que no es censura, ni control de la información y que respetan la propiedad privada —pilares, dicen, de la 4t (jajaja)—; o se convoque a foros para no escuchar a quienes defienden el derecho a la información, lo real es que —dígase lo que se diga— la decisión está tomada y el proyecto va porque va, ya sea del centro a la periferia o de la periferia al centro, como lo están haciendo los gobernadores morenistas —que no han derogado las leyes violatorias de la libertad de expresión, pese a la condena de su jefa.
Para ejemplificar lo dicho, baste señalar que los presidentes de Cuba, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Nicaragua y México a que se refiere este artículo, profesan el socialismo del siglo XXI como su ideología y todos son miembros del Foro de Sao Paulo. Y todos ellos, en los últimos años han modificado el marco legal de sus países para controlar la libertad de expresión con diversos pretextos: acabar con las campañas de odio, democratizar la comunicación, que en el fondo no es sino acallar a los medios críticos, independientes y opositores.
El eje de este proyecto es Cuba, que no goza de libertad de expresión ni existen medios de comunicación independientes. En la isla la comunicación es propaganda.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner impulsó, en 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para “democratizar” los medios al limitar la concentración de licencias, y promover contenidos nacionales y locales.
En Venezuela, Nicolás Maduro impulsó, en 2004, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual establece controles estrictos sobre contenidos en radio y televisión, sancionando aquello que el gobierno considera desestabilizador. Desde 2015, han cerrado más de 115 medios y plataformas, y bloqueado sitios web independientes, según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha revocado licencias de emisoras críticas y restringido redes sociales como Twitter y Facebook en momentos de crisis política.
En Ecuador, Rafael Correa expidió en 2013, la Ley Orgánica de Comunicación que “democratiza” el espectro radioeléctrico (33% medios públicos, 33% privados, 34% comunitarios) e incluye regulaciones para evitar información “sensacionalista” o “desestabilizadora”.
En Bolivia, Evo Morales expidió, en 2011, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que regula la propiedad privada de radio y televisión y los “democratiza” incluyendo a los pueblos originarios. En 2021-2022, Luis Arce, presentó proyectos de ley para regular el "uso inadecuado" de redes sociales, enfocados en combatir la desinformación y discursos de odio, pero no prosperaron, gracias a la oposición.
En Brasil, en 2014, Dilma Rousseff expidió una ley sobre redes sociales que culpabiliza a las plataformas de ser responsables de los contenidos que en ellas se publican si se niegan a eliminar las noticias falsas o los discursos de odio que el gobierno pida. En junio de 2025 la Suprema Corte -la mayoría de ellos nombrados por el PT de Lula- determinó que las plataformas serán corresponsables si no asumen el papel de censores y eliminan —por iniciativa propia— este tipo de mensajes.
Como hemos visto, los populistas suelen atentar contra la libertad de expresión porque no soportan la fuerza de la verdad y tienden a imponer su propaganda como verdad. Ejemplo de ello es el presidente más mentirosos de la historia, AMLO, mentor de la presidente.
Periodista y maestro
en seguridad nacional
