En la memoria de los mexicanos debe quedar muy gravado el 27 de noviembre como el día del abuso presidencial, como el día que se atacó impunemente a la democracia nacional desde el poder, como un día de vergüenza nacional por el manejo burdo, soez y denigrante de los servidores públicos y de los beneficiarios de los programas sociales, al condicionarles la permanencia en el empleo y las ayudas públicas a cambio de ir a la marcha.
Siendo un derecho social protestar por un mal gobierno, también lo es el del gobernante a solicitar apoyo social a una legítima política. La distinción, en este caso, está en cómo lo hicieron los morenistas.
Entre las muchas diferencias de las dos marchas destacan no sólo en el número de asistente, sino la manipulación de cifras: el número de participantes a la del día 13 fue clara y risiblemente a la baja con el claro propósito de ridiculizar a la sociedad (10 a 12 mil asistentes, según el gobierno de la CDMX; 60 mil, según AMLO), omitiendo deliberadamente que no fue una, sino 64 marchas; y, en el caso de la del 27 la cifra fue insultantemente al alza (1.2 millones de personas) para sobredimensionar su poder. Ni una cifra ni la otra son verdaderas, pese a que sean oficiales.
Otro factor fue la condición de los asistentes: en ambas hubo personas convencidas, pero en la del 27 el acarreo fue el distintivo (cerca del 70% fueron beneficiarios de programa sociales); y su costo el cual se estima en casi 2 mil millones de pesos. Estaremos atentos a lo que dictamine la Función Pública sobre el desvío de recursos públicos a favor de intereses personales y partidistas.
Otra diferencia fueron los mensajes de ambas: el día 13 la sociedad protestó por el intento de AMLO de quitarle la autonomía al INE (para manipular los resultados de la elección de 2024), así como por la polarización social y política. La del día 27, con el pretexto de un falso IV Informe fue el arranque de la campaña del 2024, atacó a los marchistas del día 13, exacerbó la polarización y reiteró su interés por destruir al INE, como lo hizo ya con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Seguro Popular o los cientos de fideicomisos a los que les quitó sus recursos para apropiárselos.
En la marcha del 27 vimos el retorno de los viejos vicios del poder: violentar la libertad de las personas para utilizarlas como piezas desechables en su lucha por el poder. A la mayoría no se le persuadió (convenció) para que acudiera libremente, como dijo AMLO, sino, por el contrario, se les coercionó al amenazarlas con despedirlas de sus empleos en los gobiernos de Morena, o sacarlos de las listas beneficiarios de programas sociales, si no asistían acompañados de cuando menos tres personas.
Por estos motivos, los mexicanos demandamos que en el calendario oficial se incluya el 27 de noviembre como el “Día Nacional del Acarreado”. No para celebrarlo, sino para tenerlo como día de vergüenza y duelo (como los 19 de septiembre de 1985, 2017; o el 23 de febrero: asesinato de Madero); para no olvidar el intento de AMLO por pervertir y controlar nuestra democracia para imponer a su candidato y a su partido.
Cada “Día Nacional del Acarreado” debe recordarnos que no basta con hablar de libertad de expresión sin el correlativo deber de escuchar y atender a los gobernados; como de la necesidad de poner límites a quienes sueñan con tener al país bajo sus pies, y no dudan en usar la violencia como recurso para cumplir sus caprichos.
Periodista y maestro
en seguridad nacional