La cancelación de visas de trabajo a los integrantes del grupo musical que homenajeó al líder de un cártel, por el gobierno de EU, como la prohibición de que grupos musicales canten narcocorridos en diversos estados de la república, ha suscitado una polémica sobre la libertad de expresión.

Es importante defender las libertades de expresión, información y difusión, particularmente tras la traumática experiencia de un gobierno corrupto que señaló, atacó y persiguió a periodistas y críticos por informar y opinar de la hipocresía, corrupción, incongruencia y mentiras del gobierno que se decía diferente.

Con desasosiego moral, algunos defensores de la libertad de expresión a ultranza, exigen el cese de estas medidas, desconociendo que existen motivos válidos —dentro del Estado de derecho— para la censura, ya que ésta, bien aplicada, protege a personas y a minorías, a partir de considerar el daño, lo ofensivo, inconveniente o innecesario de algunas comunicaciones.

Entre otros motivos, la censura se justifica para proteger a los menores de edad de posibles casos de explotación, acoso o robo de identidad, a partir de casos de grooming (acoso o abuso sexual en línea), manipulación de imágenes por IA, por pederastas, etc.

En el caso de los narcocorridos, éstos hacen apología del crimen, exaltan el estilo de vida de sus miembros, normalizan la violencia: asesinatos, venganzas, lo ilícito de estas actividades, el poder que ejercen sus líderes, la rebeldía a la autoridad y a las leyes; exaltan los lujos, mujeres y estatus de riqueza en que viven sus dirigentes; y constituyen un modelo de vida para muchos niños y jóvenes, según lo reflejan algunas encuestas.

La aceptación social y la normalización de su actividad, pasa por la compra de impunidad y por la inversión en poder de fuego para desafiar a las autoridades, como en invertir en la construcción cultural de una imagen y de un modelo de vida atractivo, a través de la música y de videoclips. También invierten en construir la simpatía de las poblaciones donde operan, mediante el regalo —a nombre de su líder— de electrodomésticos, juguetes, despensas, materiales de construcción, entre otras cosas.

La aceptación social la promueven las mismas autoridades municipales —y militares— cuando realizan homenajes públicos a quienes regalan cosas a la población.

Cierto: no basta censurar canciones. Es necesario acabar con los nexos de artistas, políticos, dirigentes empresariales, policías, militares y dirigentes sociales con los cárteles; aplicar medidas que eviten el enrolamiento de jóvenes; y mecanismos que permitan rescatar a quienes se han involucrado con ellos; perseguir y encarcelar sicarios y a sus dirigentes; e impulsar una cultura social que castigue la violencia, el crimen y la ilegalidad como forma de vida.

No se acaba la carrera de artistas porque se les limite en un subgénero musical, cuando la creatividad y los espacios de expresión son muy amplios; o, si se impide la exposición de una obra plástica que deliberadamente ataca las convicciones religiosas de la mayoría, y para cuyos autores, paradójicamente, se exige respeto no atacando su obra, convicciones o forma de vida.

Destaca la opinión de algunos comunicadores que exigen respeto absoluto a la libertad de expresión, pero ellos niegan espacios a quienes están a favor de la vida (contra el aborto y la eutanasia), el matrimonio, la familia, la responsabilidad primaria de los padres para determinar el número de sus hijos, y para educarlos conforme a sus convicciones religiosas, etc.

Es preocupante que niños y jóvenes aspiren a ser narcos —cuando sean adultos— porque ven en ellos un modelo de poder y opulencia que les resulta atractivo.

Los narcocorridos son parte de una narcocultura que atenta contra la estabilidad de las familias y de las instituciones públicas al alterar el orden social, al incitar a la violencia y atacar a la moral social con la promoción del comercio ilícito de drogas.

Periodista y maestro en seguridad nacional