Existe preocupación en algunos ambientes sociales y políticos por lo que se ha denominado la “militarización del país”, expresado en la excesiva asignación de presupuesto, funciones y tareas al ejército, por parte del presidente, forzando el marco normativo aplicable y su propia naturaleza. Esta acumulación de poder, dicen, acrecienta el peligro de que le sirvan de aval, al presidente, en su tentación de perpetuarse en el poder.
Entre las misiones generales del ejército se encuentran: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y de desastres; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. A estas misiones, el presidente les ha agregado: la construcción de instalaciones públicas (cuatro aeropuertos, refinería Dos Bocas, tres tramos del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, bases de la Guardia Nacional y hospitales; remodelación de oficinas de gobierno); tareas de seguridad (traslado de libros de texto y vacunas); seguridad pública (creación de la Guardia Nacional); cultivo de árboles; combate al huachicol; entrega de fertilizantes y ayudas de programas sociales, entre otras, más las que se le ocurran al primer mandatario para aprovecharlos como mano de obra barata.
También hay un sector que está preocupado por ver cómo AMLO distrae a las fuerzas armadas de sus objetivos fundamentales y cómo las desnaturaliza al quitarlas de sus tareas de adiestramiento, formación, equipamiento y mejoramiento estratégico, táctico y operativo. Para ellos el indigno trato que les ha dado desde el inicio de su gestión, es semejante al de un abusivo patrón que contrata a alguien para chofer y lo convierte, según su gusto y necesidad, en sirviente, jardinero, albañil, nana, portero, guarura, tutor, electricista, plomero y mesero. Todo por el mismo precio y con responsabilidades propias en cada actividad.
Sin considerar su lealtad e institucionalidad, los políticos tienen miedo a que los militares los desplacen del poder, por lo que los castigan presupuestalmente. Mientras en 1999 su presupuesto fue equivalente al 1% del PIB, los años subsecuentes dejaron de hacerlo en la misma proporción en la que creció la economía, hasta llegar, en 2020, al 0.5% del PIB.
Así, en 2007, el presupuesto fue de $32,200 millones de pesos, y en 2012, pasó a $55,610 millones (Felipe Calderón); en 2018 subió a $81,021 millones de pesos (Enrique Peña Nieto); en 2021, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ascenderá a $112,557 millones de pesos: el engaño está en que poco más del 75% de su presupuesto se destina a nómina, y este año 29 mil millones de pesos se destinarán a inversión: a obras (aeropuerto), a pagos multianuales de material militar comprado en años anteriores y a la contratación de 14,400 plazas para la Policía Militar, en reemplazo del personal cedido a la Guardia Nacional.
Un indicador del deterioro militar es el ranking de Global Fire Power: de 2007 a 2009, México ocupó el lugar 14 entre los ejércitos más poderosos del mundo; en 2020 ocupó el lugar 38, y en el ranking 2021, el 46. Es decir, el poder militar se redujo. ¿Militarizar? Lo más seguro es que no. Quizás, más bien, se trate de procesos tendientes a debilitar a la institución, desnaturalizándola con una excesiva carga de actividades civiles.