Existen dos referentes que ayudan a explicar sucesos políticos: no existen coincidencias, y, la forma es fondo. En este marco se puede inscribir el nuevo intento de morenistas por censurar y controlar la opinión pública a través de la Ley antimemes y antiparodias, que más parece obra de ingeniería social (Ventana de Overton) que la ambigüedad de un morenista egresado de las universidades del bienestar.
Aprovechando la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, presentada por esta administración y aprobada en Comisiones del Senado con objeto de combatir la piratería y armonizar nuestra relación con el TMEC, se añadió el artículo 403 Bis con el propósito de sancionar con 5 años de prisión y de una multa de mil a 10 mil UMA, a quien use la identidad gráfica institucional para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, la ambigüedad de la redacción -como la utilizada por el entonces PRD para impulsar el aborto, y que no fue detectada por la oposición- disparó las alarmas haciendo ver que con dicha vaguedad se promovía la autocensura a periodistas y generadores de contenido, por miedo a las sanciones, más que por la parodia de sus contenidos, dirigido preferentemente a la sátira política “La Casa de los Mafiosos”.
Pero no solo es esto, han habido otros atentados contra la libertad de expresión como la presunta intervención contra conductores críticos, además del mensaje de Sheinbaum de “No vean TV Azteca”.
En el terreno jurídico tenemos, entre otras: la iniciativa (2024) del diputado de Morena Armando Corona (Ley anti stickers), quien resentido por memes burlándose de él por un manotazo de Sheinbaum cuando intentó detenerla para tomarse una “selfie” -al término de su toma de posesión -, cobró venganza de la burla pública pidiendo 6 años de prisión a quienes compartan imágenes, audios o videos sin consentimiento, con especial énfasis en aquellos que "ridiculicen" a funcionarios; y duplicando la pena si la víctima es servidor público. Otro intento de censura (Ley antimemes) la promovió Ricardo Monreal, en marzo de 2025, pero poco tiempo después la retiró reconociendo que éstos no son delito. También, en 2025, el gobierno del autócrata Alejandro Armenta publicó la “Ley contra Insultos Digitales” (vigente) que sanciona a quienes agravien a servidores públicos.
En este año, se lograron atenuar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, y excluir la regulación a redes sociales y plataformas digitales; en San Luis Potosí, la “Ley Serrano” (una ley ad hominem) amplió las sanciones por “contenidos digitales manipulados”, que por presiones mediáticas y protestas fue derogada, y el periodista -al que se dirigió-, su hija y un generador de contenidos, fueron liberados.
Otro intento por criminalizar la libertad de expresión la impulsaron los diputados morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila a través de la Comisión especial contra la “Injerencia Digital Extranjera”, que facultaba investigar “cuentas automatizadas y campañas de desinformación”, de cara a la elección de 2027. Afortunadamente, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la desechó en la Jucopo. Y, antes de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Sheinbaum anunció un debate nacional (en los que no escucha a nadie) para debatir la IA.
No todo es censura: el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkley documenta 337 periodistas y defensores de Derechos Humanos asesinados durante el sexenio de AMLO.
Los memes y parodias responden a tonterías que dicen y hacen morenistas. Ejemplos hay muchos. Se preocupan más de su imagen que por actuar contra presuntos delincuentes de su movimiento: Adán Augusto, Andy, Rocha Moya, Ojeda, Audómaro, Inzunza, Marina del Pilar, Mario Delgado, Amílcar Olán, etc.
Pensar, antes de decir disparates y buscar culpables, siempre será mejor que censurar.