El pasado 23 de marzo, otro organismo global, Amnistía Internacional (AI) publicó el informe “Rompiendo el Tejido Social” en el que describe y documenta la estrategia autocratizante de seis gobiernos del continente, mediante leyes anti Organizaciones No Gubernamentales ONG para asfixiar a la sociedad civil. Aunque México no está incluído, paradójicamente, las aplica con gradualidad con el propósito de silenciar voces críticas, neutralizar contrapesos y consolidar prácticas autoritarias.
El Informe planea diez mecanismos utilizados por estos regímenes autocráticos para desarticular, controlar o desmantelar a las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC, dentro de una estrategia deliberada de control estatal.
El beneficio para los gobiernos autócratas es la eternización en el poder, mediante la eliminación de la competencia y la crítica. Se trata de una arquitectura de control que utiliza la democracia para suicidarla.
Según el informe, los ataques no son eventos aislados, sino un proceso deliberado de asfixia sistémica. Las características principales de esta ofensiva incluyen:
1. Legislaciones que responden a narrativas estigmatizantes: se acusa a las ONG de “enemigos Internos”, “desestabilizadoras” o “agentes extranjeros”; 2. Aprobación acelerada de leyes sin consulta a la sociedad, con pretextos de transparencia, regulación o protección de la seguridad nacional, y que, al final, obstaculizan la labor de las OSC; 3. Disposiciones vagas y ambiguas que permiten a las autoridades interpretar discrecionalmente la norma y aplicarla de manera selectiva contra organizaciones críticas; 4. Registros obligatorios que condicionan el funcionamiento de las organizaciones a través de requisitos difíciles de cumplir; 5. Requisitos y cargas administrativas exorbitantes para dificultar la operación cotidiana y desvíar la labor de las organizaciones de sus actividades esenciales en beneficio de las comunidades a las que sirven.
También: 6. Control directo e indirecto del financiamiento internacional y la obtención y utilización de recursos en general, incluyendo impuestos abusivos; 7. Riesgos a la privacidad y seguridad, mediante leyes que obligan a divulgar información detallada sobre donantes, beneficiarios y personal de las organizaciones, sin garantías reales de protección de datos; 8. Sanciones desproporcionadas e incompatibles con el derecho internacional. Estas medidas tienen un claro efecto punitivo y pueden utilizarse para castigar a organizaciones críticas o impedir su trabajo; 9. Disolución, suspensión e inhabilitación de organizaciones mediante la cancelación de la personalidad jurídica, por incumplimientos administrativos menores o por supuestas actividades “políticas”, “desestabilizadoras” o “contrarias al orden público”; y, 10. Criminalización de integrantes y personas defensoras supuestamente para hacer frente al terrorismo, al lavado de dinero o a ciberdelitos, pero que, en la práctica, son utilizadas para investigar, hostigar o procesar a quienes integran organizaciones sociales.
Aunque este gobierno de la 4t no está incluido en la lista, es obvio que la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles a entre 270 y 336 organizaciones críticas para el ejercicio fiscal 2026 -el otorgamiento, en solo unas horas, de deducibilidad a una asociación morenista de apoyo a Cuba-; o la autorización de la Suprema Corte del Acordeón al SAT, para que ante una simple sospecha congele cuentas a supuestos delincuentes por lavado de dinero, rompen con la legalidad y robustecen el modelo autoritario iniciado por AMLO; y, la hacen parte de este listado.
¿Qué le falta a la 4t? El control total de las redes digitales, mediante el registro obligatorio de telefonía digital de todos los ciudadanos. El objetivo de todas estas políticas es controlar y asfixiar a las ONG y a cualquiera que obstaculice el avance de la autocracia lopezobradorista, ahora a cargo de Claudia Sheinbaum.
Periodista y maestro en seguridad nacional
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