La inmovilidad del aparato de seguridad pública (y del presidente) permite adelantar que nos acercaremos al escenario electoral más temido el 2 de junio: el gobierno no ha evitado la intervención de la delincuencia organizada en todas las etapas del proceso electoral, brindándoles la posibilidad de que sean ellos quienes determinen en algunos puntos del país quién gana y quién pierde, no la voluntad ciudadana. Esto en caso de que la presión social nacional e internacional no sea tan fuerte que obligue al presidente a corregir el rumbo.

A pesar del convenio de colaboración del Instituto Nacional Electoral, INE, con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, (controlados por el obradorismo) la seguridad del proceso electoral está comprometida porque hasta ahora el presidente y su gobierno se resisten no solo a que los órganos de seguridad del Estado enfrenten, encarcelen o abatan a los delincuentes, sino a que todas las instancias de gobierno lleven a cabo acciones que afecten los intereses de estos grupos, en el terreno que sea.

A la fecha, la determinación gubernamental para evitar que sigan asesinando postulantes incómodos se circunscribe a brindar protección a los candidatos que lo soliciten (no hay un trabajo de inteligencia que conduzca a detener a los sicarios y jefes de plaza); no se impide que impongan a sus candidatos; o que sigan financiando campañas o eventos electorales; que el 2 de junio acarren votantes, compren el sufragio ciudadano o amedrenten a la ciudadanía para que voten a favor de sus candidatos; que intenten hackear los sistemas de cómputo para manipular los resultados; o que financien el acarreo y la protesta si pierden sus candidatos (como -se dice- lo hicieron con la toma de Paseo de la Reforma).

El INE de la 4T considera que su papel se circunscribe a registrar candidatos, poner mesas electorales, papelería, personal operativo, material, equipo e instalaciones para el cómputo de resultados; dar el cómputo final y supervisar los gastos de campaña de los partidos y candidatos. A seguir el guion que AMLO les impuso.

En lo relativo a sacar de la competencia a candidatos indeseables durante todo el proceso; a reponer las elecciones en los lugares donde haya anomalías; o a coordinar operativos para disuadir a la delincuencia organizada en las plazas que el CNI considera de riesgo medio y alto, éstas parecen escapar a sus funciones o a las de la Secretaría de Gobernación.

Como se hizo patente en la información revelada en los Guacamaya leaks, los cuerpos de seguridad del Estado cuentan con información de narcos en la política, por lo que se podría evitar que estos se registren o participen en el proceso.

Aunque hay quienes opinan que no será visible ni generalizada su presencia porque daña su imagen ante su base social o porque la elección se ganará en algunos distritos estratégicos, otros, al contrario, opinan que el descrédito de AMLO y de su partido ha dejado tantos arrepentidos que su intervención sí es necesaria; incluso para que muchos no acudan a las urnas.

Es evitable la posibilidad de que el narco intervenga en las elecciones. Para ello la ciudadanía requiere movilizarse e impulsar un cambio de régimen; y que se amplíe la observación internacional a todas las etapas del proceso para evitar posible la complicidad de INE. Esto podría contribuir a cancelar la formalización de un narcoestado.

Periodista y maestro en seguridad nacional