La evidencia que se ha obtenido a partir de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en torno al huachicol fiscal, este mecanismo de financiamiento electoral de Morena denunciado muchos meses antes por Código Magenta, sin éxito, de que no fueron actos aislados de corrupción, sino un entramado de delincuencia organizada que implica a varios gobernadores, secretarios de Estado del anterior y del actual gobierno, a Andrés Manuel, a algunos de sus hijos, a dirigentes de Morena y a la delincuencia organizada.
Debido a la complejidad de esta operación, necesariamente contó con un equipo especializado de planeación, dirección, administración, operación, supervisión y control; con el conocimiento y autorización de directores de varias paraestatales, secretarios de Estado y del mismo presidente porque no es ocultable un robo de petróleo y combustibles de tal magnitud; la logística de traslado —que implicó pagos de fuertes sumas de dinero y contratos con empresas de transporte naval, terrestre y FFCC—; la intervención de autoridades de aduanas, puertos, paraestatales, dueños de gasolineras, y, sobre todo, la participación de cárteles a los que, según se dice, el huachicol fiscal les aporta mayores ganancias y menos riesgos que la elaboración y la venta de drogas.
Andrés, el hombre mejor informado, no fue ni es ajeno a los grandes escándalos de corrupción, como dijo de los presidentes anteriores. Tuvo malicia y habilidad para integrar a diferentes cárteles con los sectores castrenses más identificados con la 4t, para financiar a candidatos con dinero de procedencia ilícita.
Recordemos que López Obrador aseguró que los mandatarios en México se enteran de todo, incluso de los negocios jugosos y las transas grandes, por lo que dijo que es falso eso de que “el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban…”.
Pero el premio a la mejor actuación será para el responsable de corromper y coordinar a todos los involucrados en esta conspiración: por el mecanismo que utilizó para ocultar 500 mil millones de pesos (algunos lo calculan en más de 800 mil millones) sin que Hacienda, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia, el INE, la FGR, la UIF, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos internos de control de Pemex, la CFE, Marina, aduanas, Profeco, etc., intervinieran ¿por orden presidencial?
Los morenistas le robaron a Pemex y al país recursos necesarios para la operación de la paraestatal y del gobierno. Para cubrir el desfalco, en 2026, la presidente destinará a Pemex el 46.6% del total del presupuesto de inversión pública.
Entre las muchas preguntas que surgen están las siguientes: ¿por qué no hicieron nada hasta que Marco Rubio tocó el tema, si meses antes se denunció esta confabulación?; en justicia ¿Sheinbaum obligará a Morena a resarcir el daño causado a la nación, o revictimizará a los ciudadanos obligándolos —además de robados— a pagarlo con sus impuestos?; ¿encarcelará a los beneficiarios de esos recursos; los inhabilitará?; ¿el INE sancionará a Morena por el uso de recursos de procedencia ilícita y no haber reportado completos los gastos de campañas?; ¿Sheinbaum aplicará la ley a AMLO y a las cabezas del Cártel Tabasco-Sinaloa Nueva Generación CT-SNG, o el “hasta donde tope” seguirá siendo un recurso retórico?
No se trata de venganzas o vendettas, sino, por elemental justicia, de aplicar la ley a quienes traicionaron, mintieron, encubrieron a los suyos y fueron parte de este megarrobo a la nación.
AMLO es cómplice porque lo supo y no hizo nada para evitarlo. No haberlo sabido habría sido una grave traición de los integrantes de su gobierno, a los que tenía muy bien controlados: secretarios, gobernadores y altos funcionarios públicos, todos ellos beneficiarios de este novedoso mecanismo morenista de corrupción. Lo justo es que no mientan, no roben y no traicionen, y además: devuelvan lo robado y reparen el daño.
Periodista y maestro en seguridad nacional
