La del primero de junio será una clara elección de Estado, caracterizada por la intervención directa del gobierno, el acarreo, la compra y la inducción del voto, a cargo de la estructura operativa de Morena y de los gobiernos estatales y municipales morenistas. El propósito es evitar el anunciado fracaso por desinterés y baja participación social (5%) y que Sheinbaum les exigió llegar al 20%, a fin de garantizar —por un margen mínimo— el control del Poder Judicial y consolidar el autoritarismo impulsado por AMLO.
Como acostumbran, los morenistas ejercerán un presupuesto paralelo al del INE —no cuantificado ni declarado— para “motivar” a los electores a acudir a las urnas con acordeón en mano y votar por las cuotas de cada gobernador, senador, diputado y tribu del partido.
No habiendo un tope mínimo de votos que valide —o no— la elección y el triunfo de un candidato, la estrategia de acarreo tendrá dos vertientes: garantizar el éxito de los suyos con el voto de sus fieles y simpatizantes (5%); y evitar el fracaso electoral con el voto de la masa (15%). Algunos votarán con acordeón —y otros podrán incluso invalidar las boletas— porque lo importante es inflar —con la omisa complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)—, el número de participantes (20% aproximadamente).
Ante el hecho de que no sea una elección cuyos votos sean contados por la ciudadanía y publicados al término de la jornada, y de que no se invaliden las boletas sobrantes, surge la sospecha sobre la parcialidad de los morenistas del INE que —en lo oscurito— harán el conteo de votos.
Es posible que se repita la experiencia de las “encuestas” de selección de candidatos de Morena, que terminaban imponiendo a los candidatos de AMLO —Claudia Sheinbaum— sin pruebas documentales que avalaran las votaciones, pero que fueron dadas por buenas por decisión del dueño del partido, suscitando malestar entre los perdedores que eran favoritos.
Desde el mismo 1 de junio se sabrá de la movilización de la narcodelincuencia a favor de sus candidatos. La prueba para la 4t —a los ojos de la sociedad— será si avalan o no los resultados de esas cuestionadas candidaturas, que —oh sorpresa— pasaron los mismos filtros de la 4t que sí excluyeron a sus enemigos, y que por la denuncia social aparentaron invalidarlas a través del INE —pero, oh sorpresa— no era la instancia responsable de ello y, además, ya estaban sus nombres en las boletas.
Otro conflicto será la elección en Nuevo León, donde su gobernador, Samuel García, moviliza a la estructura gubernamental para apoyar a los candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano, amenazando con destituir a los servidores públicos que no logren el voto de cuando menos diez familiares. En su doble moral, la fracción de MC en el Congreso se ha declarado opositora de esta farsa, pero apoya a su gobernador.
A nadie sorprenderá la complicidad de los morenizados INE y TEPJF, los que, a pesar de las múltiples anomalías dadas a conocer desde hace varias semanas por los medios de comunicación, parecen no estar darse cuenta de la opacidad y turbiedad del proceso. Ya el INE —por instrucción presidencial— cedió a la estructura gubernamental y partidista su papel de único promotor del voto, con el pretexto de democratizar la elección.
Habrá que ver el manejo que darán a las inconformidades de los candidatos independientes que ingenuamente creyeron en la democracia y en la oportunidad de aportar su talento al bien del país, ante esta inequitativa e injusta elección. Pese a que la presidente justificó las de Morena con el “también hay listas de derecha”, no hay paralelo con los recursos, organización, presupuesto y apoyo gubernamental a los morenistas.
Es casi seguro que esta elección de Estado no reconocerá irregularidades significativas y será dada por buena. Como se ha dicho: ya están los resultados, sólo faltan las elecciones para consumar la farsa.
Periodista y maestro en seguridad nacional