Los gobiernos afines al Foro de Sao Paulo no sólo coinciden en la narrativa para imponer la censura y el control de la información; también en cuanto al control político, y hasta en la corrupción.
Entre sus principales argucias propagandistas, destacan acabar con la mentira, desinformación y el discurso de odio (para cuidar a la niñez y a la juventud, dicen) y garantizar la libertad de información —pero en realidad buscan evitar el rechazo y la crítica social a sus políticas de control gubernamental—; exigir a las plataformas que censuren a sus usuarios cuando —al parecer del gobierno— la información sea nociva, transfiriendo a las plataformas la responsabilidad de censurar; respetar el derecho a la información y a la privacidad —léase opacidad— cuando se investigan actos de corrupción o excesos de los gobernantes o de sus familiares; impedir la concentración mediática, sustituyendo la competencia entre medios con el financiamiento a medios “alternos” leales al gobierno, para tareas de desinformación o contrainformación.
También pretextan frenar contenidos discriminatorios o que promuevan la violencia o el odio —wokismo político—, cuando la oposición reacciona a la polarización gubernamental. Y, aunque en realidad no aceptan el juicio público, difaman, calumnian y persiguen a quienes se atreven a disentir.
También, estos gobiernos coinciden en la ideologización de la educación como medio de avasallamiento de las nuevas generaciones. En los resolutivos del Foro de Sao Paulo, de julio de 2017, se estableció que “debe haber una definición, desde los gobiernos de izquierda, del contenido curricular en las instituciones educativas, orientado al patriotismo, el antiimperialismo y la ideología revolucionaria”, como en la Nueva Escuela Mexicana del obradorato.
El control y manipulación de pobres mediante políticas asistencialistas no es nuevo, pero éstos le han impreso su sello particular. Hugo Chávez (Venezuela) “Misiones Bolivarianas” (1999); Evo Morales (Bolivia), en 2006; Rafael Correa (Ecuador) Bono de Desarrollo Humano, en 2007; Lula da Silva “Bolsa Familia” (Brasil), en 2003; Néstor Kirchner (Argentina) “Asignación Universal por Hijo”, (2009); y, AMLO (México) Programas del Bienestar.
Han aumentado la intervención gubernamental en la economía: Fidel Castro, desde 1959 ha sido el modelo a seguir; Hugo Chávez, desde 1999, con la nacionalización de industrias clave; Lula da Silva y Dilma Rousseff ejercieron mayor intervención estatal en algunos sectores económicos; Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, mediante la nacionalización de empresas y un rol más activo del Estado en la economía; Evo Morales, en 2005, nacionalizó recursos naturales; Rafael Correa, a través de la renegociación de contratos petroleros y mineros; Daniel Ortega, en 2007; AMLO y Sheinbaum, desde 2018 con la nacionalización del litio, la absorción de las funciones de organismos autónomos y las obras faraónicas.
Para instaurar el nuevo régimen y consolidar su poder, llevaron a cabo reformas constitucionales: Venezuela: nueva Constitución, en 1999; Bolivia: nueva Constitución, en 2009; Ecuador: nueva Constitución, en 2008; AMLO y Sheinbaum, reformas constitucionales: militarización, eliminación de instituciones autónomas y control absoluto del Poder Judicial.
Legalmente introdujeron la Democracia Participativa: Venezuela, Consejos Comunales y Comunas, en 1999; Bolivia en 2009; Ecuador, en 2008; México, en 2012, Ley Federal de Consulta Popular.
Gobernantes acusados de corrupción: Lula da Silva, dos veces (2017 y 2018); Cristina Fernández de Kirchner, en 2024; Rafael Correa, en 2020; Evo Morales y 592 exfuncionarios; Nicolás Maduro, desde 2013; Daniel Ortega, desde 2007; Andrés Manuel López Obrador.
Siguen el mismo patrón populista, autoritario, corrupto y antidemocrático del Foro de Sao Paulo, por eso algunos ya visitaron la cárcel, y, sin duda, hay quienes ya debieran estar dentro de ella.
Periodista y maestro en seguridad nacional
