De manera consistente, Donald Trump ha venido tejiendo una narrativa y acciones legales que dan soporte a posibles acciones diplomáticas, económicas, comerciales, judiciales y militares en contra de cárteles mexicanos y de narcopolíticos, con lo cual evidencia la prioridad que tiene México en su agenda geopolítica dentro de su doctrina “América Primero”, con la que somete al gobierno mexicano al dilema de —en esta etapa— realizar la extradición de políticos señalados o escalar el conflicto.
En lo geopolítico Trump ha definido una nueva doctrina de seguridad nacional en la que los cárteles mexicanos son denominados “narcoterroristas” y amenazas a su seguridad nacional. Entre sus objetivos se encuentra el involucramiento del gobierno mexicano en su lucha contra ellos —que se ha venido dando—, pero con resistencias en la entrega de narcopolíticos.
Desde la firma de la Orden Ejecutiva (14157) que designa a cárteles internacionales y organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, en enero de 2025, busca sancionar a entidades e individuos vinculados al terrorismo, activar sanciones secundarias y la prohibición de apoyos al contraterrorismo.
En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio designó a 6 cárteles mexicanos Organizaciones Terroristas Extranjeras. En diciembre de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14367, que designa al fentanilo ilegal y sus precursores químicos Armas de Destrucción Masiva, justificando el uso de la fuerza militar.
En enero de 2026, el Departamento de Estado reclasificó a los principales cárteles como “Organizaciones Militares Irregulares” (Guerrillas), aplicando la fuerza militar en condiciones similares a las de una zona de combate. En marzo de este año estableció la “Doctrina de la Seguridad Fronteriza Integral”, por la que cualquier país que no detenga el flujo de “armas químicas” hacia EU será considerado “Estado Hostil por Omisión”.
En abril, el Departamento de Justicia de EU, en Nueva York, solicitó la detención, con propósito de extradición, de 10 políticos mexicanos, algunos de ellos en funciones. Y, en los primeros días de mayo, el gobierno de Trump publicó la Estrategia Nacional contra el Terrorismo que prioriza la inhabilitación de cárteles en el hemisferio occidental; y la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (menciona a México más de 30 veces), aprueba el uso de todas las herramientas diplomáticas, informativas, militares, económicas. Ambas estrategias proporcionan el paraguas legal y doctrinal para operaciones unilaterales. Estas medidas son acompañadas con la “Ley de Autorización de Uso de Fuerza Selectiva”, que autoriza ataques quirúrgicos con drones y fuerzas especiales en suelo extranjero contra objetivos designados; y, la Orden de Interdicción Bancaria Total, por la que se desconecta del sistema SWIFT a cualquier banco mexicano que procese fondos vinculados a las listas de “narcopolíticos”.
La narrativa pasó de la cooperación (entrega de 92 cabezas del narco, detención y abatimiento de otros líderes); a la presión “El reloj corre”, y a Sheinbaum es “una mujer inteligente pero atrapada por las sombras del pasado”; a los expedientes de políticos con órdenes de aprehensión, con el mensaje de “si no limpias tú, lo haremos nosotros”; al “México es gobernado por cárteles”; a la “Certificación Cero” que deja al gobierno mexicano sin inteligencia, frente a los cárteles; y, a la intención de “descertificar” a México en materia de derechos humanos y lucha contra el terrorismo.
La revisión de los 53 consulados mexicanos y del TMEC, podrían ser medidas adicionales de presión asimétrica. El gobierno mexicano parece extraviado en una retórica nacionalista difícil de sostener, por lo que Trump podría emprender acciones unilaterales. ¿Estará consciente Sheinbaum de ello, o su preocupación partidista le impedirá tomar mejores decisiones para el bien del país?
Periodista y maestro en seguridad nacional