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La proximidad del proceso electoral de 2024 obliga a las autoridades a tomar medidas preventivas y correctivas para evitar que se incremente el número de narco candidatos a puestos de elección popular y que avancen los cárteles en el control político del país.
Las recientes amenazas de muerte a diputados locales de Chiapas y Guerrero, por narco delincuentes, ha probado la fragilidad de los políticos no vinculados a estos grupos delictivos; y la incompetencia, indolencia o complicidad de autoridades estatales para proteger a los legisladores y perseguir a los cárteles.
En los dos últimos sexenios esta delincuencia ha sometido a un gran número de poderes fácticos federales y estatales: gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, policías, militares, fiscales y políticos; se ha hecho del control de diversas actividades productivas en amplias regiones del país, llegando a cobrar derecho de piso a los ayuntamientos, y a enfrentar a las fuerzas armadas con similar poder de fuego.
Recientemente se ha dado a conocer que son el quinto generador de empleos (entre 160 y 185 mil integrantes); cada semana reclutan a 350 personas; han asesinado impunemente, en lo que va de este sexenio, a casi 170 mil personas. Y, en 2021, lavaron 25 mil millones de dólares (500 mil millones de pesos de esos días), sólo por drogas —sin contar otros ingresos como la extorsión o el derecho de piso—, lo que los hace el sector más rentable de la economía nacional; y gozan de seguridad sin pagar impuestos.
De acuerdo con AC Consultores, 175 organizaciones criminales tienen presencia en 1.59 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 81% del territorio. El Índice de Paz México 2023, señala que delincuencia organizada ha crecido 64.2% en los últimos ocho años.
En una videocolumna, Rubén Moreira, dirigente del PRI, informa que de 2018 a 2021 se registraron 1,840 crímenes contra políticos. De ellos, 254 fueron homicidios (84 de ellos de aspirantes a puestos de elección popular).
El poder de la narco delincuencia se ha fortalecido a la sombra de los abrazos presidenciales, de forma que para 2024 están en condiciones de controlar más municipios, gobiernos estatales, diputaciones estatales y federales, senadurías y cargos en el gobierno federal, a través de los partidos políticos (Morena ha sido el gran favorecido).
En 2024 también sabremos de candidatos asesinados y de otros que renuncian; de ciudadanos amedrentados para votar en favor de algún candidato y partido; de financiamiento a campañas de quienes les garanticen seguridad e impunidad en las regiones por donde se trasiegan drogas.
¿Qué va a hacer este gobierno? La experiencia dice que darles cariñosos abrazos, pero Mario Delgado, dirigente de Morena, dijo que solicitará a la FGR información sobre los candidatos de su partido que contenderán en 2024, para evitar que estén involucrados en alguna actividad delictiva, lo cual está por verse porque ninguno de los candidatos de Morena presuntamente beneficiados por el narco en pasadas elecciones, renunció al cargo.
Es paradójico: mientras los abrazos benefician a los criminales y los balazos perjudican a los ciudadanos, el presidente y su equipo culpan a políticos del pasado para ocultar su fallida política de seguridad y su evidente incompetencia.
El país seguirá padeciendo este cáncer por la falta de leyes y voluntad para prevenir y castigar la incursión del narco en política; o quizás por una inconfesable alianza.
