No preocupa la protección de los Derechos de las Audiencias, lo inquietante son los mecanismos y lo que la 4t oculta -su modus operandi-. No basta que la presidente diga que no habrá sanciones a los medios, pero se apropie de este mecanismo al partidizarlo y utilizarlo para enquistarse en el poder, como hizo con el INE, el TEPJF, el Poder Judicial, la FGR, la CRT, y otras instituciones colonizadas por la 4t.
Asignar a la 4t facultades para que como autoridad reguladora determine qué es información "falsa o descontextualizada" y sancionar económicamente su difusión, le otorga una herramienta legal —con apariencia de neutralidad técnica— para disuadir a aquellos medios o periodistas cuyas coberturas u opiniones les resulten negativas, sin tener que pagar costos políticos; para intervenir en decisiones editoriales que los orillen a la autocensura mediante la amenaza de sanciones económicas. También se ve como una manera de silenciar no solo a los periodistas (como lo está haciendo con Sergio Sarmiento y otros más), sino a la misma oposición. Un riesgo adicional lo constituye la debilidad institucional -ante la presidente y su partido-, al estar sometido a su control e intereses.
Hay quienes afirman que la iniciativa tiene propósito -blindar a Morena para las elecciones de 2027 y 2030-, y destinatario principal: Ricardo Salinas Pliego, cuyas posturas contrarias al gobierno lo han catapultado como posible candidato a la presidencia de la República, en 2030, amenazando la continuidad de Morena. En ese sentido, el “timing” es el adecuado para imponer controles a TV Azteca y a otros medios críticos, e impedir que construyan una candidatura opositora fuerte.
Tampoco faltan quienes vean en esta iniciativa como parte de una tendencia regional impulsada por el Socialismo del Siglo XXI para sancionar, acallar o cerrar medios críticos, como en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, utilizando el mismo patrón: apelar a la protección de la ciudadanía frente a la desinformación para, mediante un órgano público, calificar la veracidad de los contenidos, según sus verdaderas propósitos.
Fundamenta la legalidad de sus acciones, apelando a la democracia y votaciones en el Congreso -mayoriteado por Morena y adláteres-; a las consultas públicas como un proceso democrático en las que -supuestamente- se escucha a la sociedad; al derecho de la sociedad a la verdad y a la no censura; a la constitucionalidad del Derecho de las Audiencias, etc., priorizando la inspección a medios de comunicación críticos y excluyendo a los gubernamentales.
Si en realidad es interés del gobierno garantizar a la ciudadanía información veraz, estas disposiciones deberían aplicarse también al gobierno y, en particular a la “Mañanera del Pueblo”, donde se engaña y tergiversa la realidad a conveniencia.
No faltan quienes creen que, junto con la detención de dos gobernadores de oposición -por motivos diferentes-, se trata de otro distractor para encubrir la crisis de inmoralidad del partido “más moral del mundo:” el que acabó con la corrupción asumiendo su exclusividad; los nexos de muchos de sus dirigentes con los cárteles de la droga; de la exigencia de EE. UU. de entregar narcopolíticos; del financiamiento del crimen organizado a campañas electorales de hoy de gobernadores morenistas, etcétera.
Mucho se puede hacer por las audiencias, como acabar el clima de violencia contra periodistas. Tan sólo, Artículo 19, en su informe "Estructuras del silencio", registró 451 agresiones durante 2025, una cada 19 horas; los abusos del poder público pasaron de 114 en 2024 a 153 en 2025.
Podrían acabar la campaña de desprestigio y ataques contra periodistas que consideran incómodos, o que no entregan tributo a la 4T. Aquellos que investigan y denuncian y no se dejan intimidar ni por descalificaciones ni por señalamientos, aunque estos vengan sin prueba.
Si deveras quisieran defender las audiencias, dejarían de devaluar la verdad.