Vaya cinismo el de Palacio Nacional cuando niega que promueve la “Ley censura”, que no persigue a sus críticos, o ignora las diarias denuncias de más usuarios de las redes socicales señalando la persecusión que padecen por parte de los virreyes morenistas —wokismo político—. Ahora promueven la “ley espía” que obliga a concesionarios de telecomunicaciones a dar la ubicación de sus usuarios de telefonía (tú y yo), haciéndoles acreedores a sanciones penales si no “colaboran” con instancias de seguridad e inteligencia gubernamental.

El espionaje telefónico va más allá de la geolocalización en tiempo real, vincula a los usuarios de telefonía con los que tienes comunicación y a las personas con las que te reúnes, sin tú saberlo y sin autorización previa de algún juez. Esto, que sólo debería utilizarse con la delincuencia organizada, aplicará a la ciudadanía sospechosa de “golpismo”, por no pensar como los morenistas. En México, el estilo de sometimiento y humillación pública lo inauguró Gerardo Fernández Noroña.

No hay gobierno autoritario o totalitario que no haya acabado con la real oposición —mantienen vivos a partidos que no les representan un riesgo, para decirse demócratas—; con la división y el equilibrio de poderes; que no hayan desaparecido o colonizado instituciones independientes; que no se sostengan por alianzas inconfesables con las fuerzas armadas y con la delincuencia organizada; y que no hayan acabado con los críticos: periodistas, influencers, medios de comunicación y líderes sociales, impidan la crítica, rechacen la rendición de cuentas e intenten desarticular cualquier intento de oposición de la sociedad.

La semana pasado hablamos de Cuba, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil. Hoy nos referimos a Chile, Perú y Nicaragua. México, por su parte, requiere un capítulo especial para ampliar la lista de los perseguidos que Sheinbaum niega.

En Chile, las presidencias de Sebastián Piñera y Gabriel Boric impulsaron (2021-2022) proyectos de ley para combatir en las redes sociales el supuesto discurso de odio derivado de la polarización y desinformación —impulsada por ellos desde el gobierno—.

En Perú, el golpista Pedro Castillo propuso en 2021 una ley para prohibir el uso de lenguaje “nocivo y violento” en redes sociales y restringir el acceso a estos a menores de 14 años. La iniciativa no prosperó por su ambigüedad y porque la sociedad entendía que el fin era acabar con la libertad de expresión; y que polarizar, para el gobierno, era oponerse a sus políticas.

En la Nicaragua de Ortega, aprobaron, en 2020, la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual penaliza la difusión de información “falsa” o que “afecta la seguridad nacional” —como la crítica a gobernantes o al régimen—, con penas de hasta 5 años de prisión. Especial control ejerce esta ley sobre las redes sociales.

Otros gobiernos que restringen la libertad de expresión, son:

En China el presidente Xi Jinping impulsó, en 2017, la Ley de Ciberseguridad, que autoriza a las plataformas digitales —previo permiso— a ofrecer servicios de noticias; bloquea a las redes sociales extranjeras y controla los contenidos en plataformas nacionales. En China se ha desarrollado el sistema de censura y de control de la información —y de los ciudadanos— más avanzado del mundo.

Bielorrusia penaliza la difusión de “noticias falsas” y pueden bloquear plataformas independientes; Rusia, cuya Ley contra “información falsa”, de 2022, castiga con hasta 15 años de prisión a quien difunda información que "desacredite" al ejército, promueve el cierre de medios independientes y el bloqueo de redes sociales; y, Corea del Norte…

El engaño de Sheinbaum y los suyos sobre el supuesto respeto a la libertad de expresión cae al evidenciarse la ruta y el objetivo alcanzado por otros países que piensan como ellos. Serán diferentes leyes, pero el resultado es el mismo. La “Ley espía”, envuelta en demagogia, busca el control y atenta contra varias libertades como la de expresión.

Periodista y maestro en seguridad nacional