Andrés Manuel, el que sacudía su pañuelo blanco afirmando que en su gobierno había desaparecido la corrupción y el huachicol; y desde su supuesta superioridad moral afirmaba “no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción”; “celebramos que en el Senado se aprobó la reforma al artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por actos de corrupción”; “si el de arriba, el presidente, el gobernador, el presidente municipal, es corrupto, se pudre todo”, es el mismo que en 2024 puso a nuestro país en su peor nivel histórico de corrupción mundial (en el lugar 140 de 180), según el Índice de Percepción de Corrupción.
AMLO fue acusado de tener nexos con los cárteles que financiaron sus campañas de 2006, 2012 y 2018 —según narcos que colaboran con la DEA y la fiscalía de EU—, y participaron estos en los procesos electorales desde 2021 apoyando a Morena; se constituyera una narco fracción en ambas Cámaras; el asesinato de más de 200 mil personas y la desaparición de 52 mil —de ahí el mote de narco presidente y narco gobierno—. Estos hechos cuestionan la supuesta superioridad moral de AMLO, de su gobierno, partido y familia. Fue omiso cuando sus hijos José Ramón, Andy y Gonzalo (Boby) fueron señalados de un presunto tráfico de influencias y de conflictos de interés, al igual que sus hermanos Pío y Martín, exhibidos cuando recibían dinero ilegal.
José Ramón vivió en la “Casa Gris” en Houston, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos millonarios con Pemex; y después en Coyoacán, en la casa propiedad de la asistente de Carmen Lira Saade, comadre de AMLO y directora de La Jornada, periódico que recibió más de mil millones de pesos en contratos de publicidad gubernamental durante el sexenio, lo que también representa un potencial conflicto de interés.
También, a través de amigos, prestanombres y empresas fantasma, Andy, Boby y algunos de sus primos, se involucraron en la corrupción de las mega obras del lopezobradorismo: Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transístmico, Sedatu, entre otros; y se beneficiaron del programa Sembrando Vida.
El —hasta hoy— mayor escándalo de su gobierno, además de la muerte de más de 800 mil mexicanos durante la pandemia de Covid 19, es el del huachicol fiscal y el huachi diesel, que supera los 550 mil millones de pesos durante su sexenio, y sobre el que EU presiona a Sheinbaum para encarcelar a los implicados —entre quienes están secretarios de estado, del pasado y del actual gobierno, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, dirigentes del partido, militares y la cúpula del cártel Tabasco-Sinaloa Nueva Generación— y lograr la devolución del dinero robado a la nación.
También encubrió a sus amigos Ignacio Ovalle, en Segalmex, por inconsistencias de 15.3 mil millones de pesos; a Manuel Bartlett, señalado por conflictos de interés y enriquecimiento ilícito, a su “compañera”, quien hizo negocios millonarios con el innombrable Genaro García Luna, al igual que a su hijo, León Manuel, quien obtuvo contratos millonarios del gobierno, entre ellos la venta de ventiladores a sobreprecio al IMSS, los cuales no cumplían con los requerimientos técnicos; a Alejandro Murat, quien malversó 6 mil millones de pesos en Oaxaca; y a los Yunes, entre muchos.
Nada hizo cuando Jaime Cárdenas, exdirector del Instituto para Robarle al Pueblo lo Devuelto, reveló que Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO, solapó actos de corrupción: manipuló subastas y desvió bienes decomisados.
Entre 2019 y 2023 la ASF reportó inconsistencias por solventar por 127 mil millones de pesos. La desaparición del INAI y la destrucción de la SCJN garantizan la impunidad a los corruptos morenistas.
La pretendida superioridad moral de los que se dicen no ser iguales terminó siendo peor que la de los prianistas —niños de pecho frente a la 4t—. Los escándalos muestran su verdadero rostro: el de la demagogia y la corrupción.
Periodista y maestro en seguridad nacional
