El hartazgo permanentemente de la sociedad por la corrupción e incompetencia de los partidos políticos y de sus representantes —llevados al extremo por la 4t—, obliga a generar propuestas que atiendan estas problemáticas, ya que se expone a nuestro país a riesgos innecesarios: arribar a un narcoestado-cleptócrata en el que se normalice la incompetencia gubernamental, la corrupción y el Estado paralelo; el trato discriminatorio en puertos y aeropuertos internacionales a los mexicanos por considerarlos corruptos y narcos; de una inconveniente presión extranjera por los vínculos de políticos con la delincuencia organizada, y por contribuir a su expansión a otros gobiernos del continente.
La preocupación morenista por la concentración autoritaria del poder —ocupados más en acumularlo y eternizarse en él, que en un buen gobierno— ha implicado de destrucción de instituciones democráticas y la colonización del Instituto Nacional Electoral (INE); del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ha permitido a los cárteles de la droga contar con sus propias fracciones en los congresos —federal y estatales—; gobernar estados, municipios y cabildos; y, ocupar cargos estratégicos en áreas de seguridad pública, fiscalías y gobiernos federal, estatal y municipal.
La necesidad social de garantizar buenos gobiernos conduce a la urgente creación del Consejo Mexicano de Ética-Política (CME-P) —organismo ciudadano autónomo, ajeno al gobierno—, capaz de establecer mecanismos preventivos y correctivos en materia de corrupción; selección de candidatos a puestos de elección popular mediante un mecanismo “Cuatro de cuatro” —ampliación del “Tres de tres”— que impida el arribo de corruptos o integrantes de la delincuencia organizada a cargos de elección popular; y favorezca la evaluación el desempeño ético-político de gobernantes, servidores públicos, administraciones y partidos.
El primer filtro del “4 de 4” —que evitaría la simulación y control oficialista— sería la criba de precandidatos a cargos de elección popular para que —a través de gestiones ante las fiscalías, secretarías federal y estatales de Seguridad Ciudadana, UIF, CNI y Consejo de Seguridad Nacional (CSN)— el CME-P determine si los precandidatos pueden, o no (sí apto; o no apto), continuar con los otros tres requisitos (presentar sus declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, a fin de prevenir conflictos de interés y verificar que el patrimonio del funcionario sea congruente con sus ingresos) e inscribir su candidatura ante el INE federal o estatal.
Aunque es necesario el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), porque este gobierno se ha vuelto opaco, omiso, discrecional y ambiguo en la tarea de informar, el CME-P puede denunciar socialmente dichos vicios cuando las autoridades consultadas nieguen o aporten información limitada, sesgada o incorrecta.
Este organismo cívico no excluye u omite el papel de las instancias partidistas y gubernamentales encargadas de dar seguimiento a las responsabilidades legales de partidos, políticos y funcionarios públicos.
Es importante que el CME-P sea ciudadano para evitar el conflicto de interés que viven gobiernos y partidos al nombrar a integrantes de sus grupos políticos —no independientes— en áreas de honor y justicia, los cuales encubren o convalidan vicios, errores y corruptelas de los afines.
Para evitar estos vicios, el CME-P estará integrado por ciudadanos destacados, especialistas, académicos e investigadores universitarios, representantes de organismos nacionales e internacionales especialistas en la materia.
Los partidos que se adhieran libremente al CME-P tendrán representación en él, con voz, pero sin voto. Políticos, candidatos y funcionarios públicos pueden registrarse, sin gozar de derechos.
Periodista y maestro en seguridad nacional