Debilitar al Estado mexicano ha sido parte de una estrategia instrumentada por un grupo de políticos tabasqueños, encabezados por Andrés Manuel, para hacerse del poder y perpetuarse en él. Este plan hizo de Morena el punto de encuentro de políticos corruptos; impulsor de alianzas con la delincuencia organizada; mecanismo corruptor de algunas dirigencias de las fuerzas armadas; herramienta de combate a sectores sociales organizados y de destrucción de instituciones democráticas, así como de principios y valores que dan cohesión a nuestra identidad.
Andrés Manuel ha sido exitoso en destituir la democracia e instaurar alianzas con la delincuencia organizada permitiéndoles controlar y gobernar —directa e indirectamente— amplias zonas del país con la complicidad de gobernantes de Morena.
Estas estructuras de poder o de gobierno —grupos criminales, organizaciones terroristas o grupos informales— que operan al margen o, más aún, en contra del estado, se las define como “estado paralelo o estado corrupto”.
La delincuencia organizada existe desde la primera mitad del siglo pasado y era “tolerada” por el poder. La novedad ha sido que hoy no pocos políticos se convirtieron en sus empleados, y que aspiran a ocupar la Presidencia de la República —actualmente gobiernan algunos estados y municipios—; que su alianza con AMLO les han permitido ampliar su presencia y control de amplias regiones del país; debilitar al Estado quitándole el monopolio legal de la violencia, esto es, capacidad de contención y represión; a que la sociedad, debilitada y sin liderazgos, no tuvo mecanismos de contención para replegarlos; desde el gobierno se debilita la estructura social a través de atacar a la familia; la perversión de la niñez y la juventud con la Nueva Escuela Mexicana, que busca ideologizarlos.
Con los “abrazos, no balazos”, la 4t cedió espacios de maniobra a estos grupos criminales y construyó, mediante dádivas, una base social a su favor; imponer sus propias leyes y dominar amplios sectores productivos: alimentos, materiales de construcción, transporte, vías de comunicación, cobro de piso, etc., convirtiéndose, con la complacencia gubernamental, en proveedores de gobernanza y de la pax narca local y regional.
El “estado paralelo o corrupto” una etapa importantísima en la instauración del autoritarismo; para lo que han acabado con las instituciones garantes de libertades y derechos ciudadanos, con la división de poderes y los contrapesos existentes entre ellos. Hoy las leyes no las hace el Congreso, sino las mayorías rapaces sometidas a la voluntad del autócrata; la ley se aplica a conveniencia a través de jueces, magistrados y ministros impuestos en el Poder Judicial; la opacidad les garantiza impunidad y el voto lo convirtieron en mero trámite.
La experiencia adquirida —durante los 7 años de Morena en el poder— nos permite constatar que una sociedad que no participa, polarizada, dividida, no puede cambiar este modelo de gobierno; que sin la reconstitución de figuras de autoridad social, educativa, religiosa, familiar y axiológica, no será posible el ejercicio de libertades y de la democracia; ni el progreso y bienestar del país.
La presión que ejerce Donald Trump sobre la presidente, para que entregue a capos de la delincuencia organizada y a políticos que los apoyan —Andrés Manuel e hijos incluidos—, constituye una ventana de oportunidad para nuevamente organizar a la sociedad —al margen de partidos políticos de oposición que han demostrado no ser confiables—. La tarea será ciudadanizar instituciones; recuperar: democracia, estado de derecho, libertades, transparencia, rendición de cuentas, el monopolio de la violencia, por el Estado; y, erradicar a la delincuencia organizada.
El desmantelamiento de las instituciones democráticas, por el lopezobradorismo, como parte de su desmedida ambición de poder, busca consolidar un modelo autoritario apoyado por una nueva corrupta mafia del poder.
Periodista y maestro en seguridad nacional