Al más puro estilo del Estado y la ley soy yo, Andrés Manuel informó que se tomó dos meses para dedicarse a resolver el tema de su sucesión porque para él era muy importante entregar el bastón de mando a quien será su sucesora (a quien desde el principio él siempre había apoyado), y que, concluido el proceso —ahora sí—, ya va a gobernar.

Quizás para sus seguidores esta sea la muestra más clara de lo buen presidente que es Andrés Manuel porque su ausencia ni se notó: el país se mantuvo sin novedad, con los mismos índices de inseguridad y muertes; no fallaron los sermones mañaneros —principal actividad laboral del tabasqueño—; siguieron faltando medicamentos; los casos de corrupción mantuvieron su nivel de escándalo, etcétera.

Para sus críticos lo llamativo no fue la noticia de su ausencia por dos meses, porque se ha dedicado al trabajo partidista en lugar de gobernar, porque son notorias sus ausencias físicas y mentales en temas tan importantes como detener los altos índices de mortalidad de la pandemia; acabar o disminuir el altísimo índice de homicidios de la delincuencia organizada; y porque sólo atiende el avance de las obras insignia del gobierno (monumentos a la opacidad, la corrupción y el despilfarro) y la entrega de nuevos negocios a las fuerzas armadas, entre otras.

La preocupante fue el anuncio de que en lo que resta de su sexenio ahora sí va a gobernar (lo que esto pueda implicar).

Para este sector, que todos los días sufre inseguridad, cobro de piso, extorsiones, maltratos, no es extraño que el presidente pase por encima de la Constitución y sus leyes, a pesar de que protestó cumplirlas y hacerlas cumplir, ni haya omitido las formalidades de ley para solicitar al Congreso permiso para ausentarse. Ya desde finales de junio de 2022 había anunciado su ausencia —a partir de noviembre de este año—, para dedicarse a hacer proselitismo en favor de su partido, de cara a la elección presidencial de 2024.

Además de que violó las disposiciones legales relativas a la imparcialidad que está obligado a observar, su acción político-partidista a favor de Morena, como la de gobernadores y funcionarios públicos, afectaron el debido proceso para elegir a su sucesor.

Esto hace ver que no hay equilibrios ni elementos de contención que restrinjan o impidan que el Presidente viole el Estado de derecho. No hay fuerza política que lo contenga, como lo constató su traicionado amigo Marcelo Ebrard, a quien usó como comparsa para imponer a Claudia Sheinbaum.

El punto es la contención, ¿hasta dónde podría llegar Andrés Manuel si institucional y legalmente no tiene límites? Así, podría desconocer el triunfo de la oposición y no entregar el poder, recurriendo a una modalidad de Golpe de Estado Civil, para lo que la radicalización de su secta sería condición para lograrlo; o, renunciar al cargo para hacer campaña con Claudia, garantizar su triunfo, mantener su impunidad y consolidar el maximato.

Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas, aunque en este caso, existe la confesión y sobran las evidencias para probarlo. Su intromisión electoral es clara y su carácter antidemocrático también.

Preocupa, y mucho, que las prioridades nacionales se hayan congelado para incluir a Sheinbaum como “la prioridad del Estado”. Esta es, sin duda, una de las más grandes ilegalidades que ha cometido López Obrador y por la cual debiera enfrentar la acción de la justicia.

Periodista y maestro

en seguridad nacional