Para la 4t, la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de activar el procedimiento excepcional del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —en sesión plenaria de la ONU— para resolver el caso México, ha suscitado una respuesta irracional del gobierno que pretende mantener el status quo y evitar que otros países, a través de este dispositivo, aporten experiencias e instrumentos capaces de resolver este problema humanitario que involucra a narcos y políticos.
La desaparición forzada no inició con Calderón, pero sí se agravó con él. Fox terminó su gobierno con 2,558 desaparecidos; Calderón, con 20,620. Enrique Peña Nieto con 36,510. Y la 4t, que usó como oferta de campaña acabar con esta crisis, en 2026 acumula 82,252 desapariciones (400% más que en el gobierno de Calderón).
Desde 1952 ha habido en México 394,645 desaparecidos, de los cuales 240,211 fueron localizados con vida, 21,900 sin vida, quedando, según los cuestionables registros oficiales, 132,534 sin localizar. De estos, 43,128 tienen registros completos, pero apenas 3,869, cuentan con carpeta de investigación. Esto es casi el 99% de ineficiencia, o casi el 100% de impunidad.
No es la primera vez que la ONU señala la gravedad del problema en México. Desde 2012 la CED hizo su primera recomendación a México. En 2021 señaló fallas estructurales. A pesar de que Peña Nieto y AMLO crearon diversas leyes, instituciones y mecanismos, los casos crecieron a más de 110 mil al cierre de 2024. En 2025, México presentó un informe a la ONU. En marzo de 2026 se volvió a revisar el caso, y el pasado 2 de abril determinó que hay “elementos fundados” de desapariciones forzadas “generalizadas y sistemáticas” que podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”. Y solicitó al Secretario General que remita el caso a la Asamblea General (plenaria) para establecer medidas de apoyo internacional —no un juicio contra México, impulsado por EU, como pretenden que creamos—.
A pesar de los muchos llamados y compromisos, el gobierno de la 4t no hizo nada para impedir las muertes y desapariciones, por lo que estas siguieron creciendo.
En lugar de resolver el problema, la 4t señala al informe del CED de parcial y tendencioso por no considerar las actualizaciones informativas enviadas —como si números cambiaran la realidad—; de centrarse en hechos del pasado (2009-2017); desconocer la creación de instituciones y mecanismos creados (los titulares de las instituciones creadas renunciaron años después por falta de presupuesto y apoyos, esto es, pusieron el puesto: mesas, sillas, anafre, tanque de gas, platos, servilletas, pero fracasaron al no recibir dinero para comprar materias primas y producir. Efecto: no hubo logros); el hallazgo de 31 mil desaparecidos a través de los colectivos (que operan con recursos propios); y —lo clásico—: es un complot contra México (4t, manipulando la diferencia entre pueblo y gobierno).
Organismos nacionales de Derechos Humanos y colectivos califican la respuesta gubernamental de política, deplorable, carente de voluntad, continuista, negacionista de la realidad, lo cual garantiza impunidad a los asesinos y que continuen las desapariciones.
Según estos organismos gobiernos estatales y municipales también están involucrados (La Barredora, y los más de 22 muertos por huachicol fiscal, entre muchos); al gobierno federal se debe la expansión de los cárteles; y, requieren depurar los cuerpos de seguridad involucrados con cárteles.
En el primer año de gobierno de Sheinbaum, las desapariciones crecieron 16% respecto al último año de AMLO. Para la 4t, lo importante es la narrativa, no la realidad. No les importan los muertos, desaparecidos ni sus familiares, solo que éstos no dañen su imagen, aunque la cifra siga creciendo. Cuando haya realismo y voluntad política, dejará de haber muertos, desparecidos y narcopolíticos.
Periodista y maestro
en seguridad nacional