Parece mentira, pero no ha pasado nada, todo sereno. El próximo jueves se cumple un mes de la tragedia ocurrida en la llamada “estación migratoria” —en realidad un centro de detención o cárcel— de Ciudad Juárez y en la que fallecieron 40 migrantes y los verdaderamente responsables siguen en libertad, tranquilos, como si no hubiese pasado nada. El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Gudiño, permanece en su puesto, aunque, como siempre, empleados de menor categoría están encarcelados. Otra vez son los más vulnerables los que pagan la cuenta.
Recordemos que la tragedia se pudo evitar si en el INM se hubiese actuado con responsabilidad y profesionalismo y sobre todo si la política migratoria fuese, en la práctica, respetuosa del contenido de la Constitución y las leyes mexicanas así como de los compromisos internacionales pactados por México, concretamente con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, declaración que a la letra reconoce “la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio”.
En otras palabras, los migrantes no debieron ser encarcelados y su detención es estrictamente una privación ilegal de la libertad sobre todo por las condiciones en las que fueron detenidos. Por un lado, es inaceptable que en la custodia de dichos migrantes hubiese custodios de una empresa privada, peor aún, una empresa propiedad de un funcionario de la dictadura que gobierna a Nicaragua. Por otro lado, resulta aberrante que no se contase con protocolos y responsabilidades definidas para su retención (recordemos que al iniciar el incendio no les pudieron abrir porque no encontraban la llave del candado de la reja).
Lo anterior ha llevado a que la tragedia sea calificada como un crimen de estado. Calificación que asumiríamos llevaría al Presidente a cuando menos separar de su cargo al secretario de Gobernación, quien es el responsable legal de aplicar la política migratoria comprometida por México, y sobre todo a Francisco Gudiño, quien es responsable de la operación de las cárceles ilegales del INM en tanto se aclaran y fincan responsabilidades, pero no, no se han separado de sus cargos a los responsables “de hasta arriba”, a los machuchones, y ello sin duda viene a agravar el crimen de estado.
Fuente de los Deseos: Ojalá los seguidores de la Cuarta Transformación fuesen tantito congruentes y que, así como exigieron la renuncia del director del IMSS ante la tragedia de la guardería ABC también exigieran la renuncia del director del INM.
Exsenador.