La transparencia y la rendición de cuentas por parte de todos los gobiernos son derechos de los ciudadanos y por tanto una obligación ineludible de los gobernantes y no una graciosa concesión de su parte. Tengamos presente que los bienes y el dinero público son del pueblo y de nadie más y por lo tanto los ciudadanos tenemos el derecho de saber en qué y cómo se invierten nuestros impuestos.
Además, los ciudadanos tenemos el derecho a que nuestros impuestos sean invertidos con honestidad, sin corruptelas, y lo que es muy importante que lo sean de manera eficiente y eficaz. Los ciudadanos tenemos el derecho de que los impuestos sean destinados a obras y programas que verdaderamente traigan bienestar a la población y no que dichos recursos se destinen a construir caprichos, peor aún si en dichas construcciones se hace presente la corrupción como ha venido ocurriendo. Para evitar esto último es indispensable que la transparencia y la rendición de cuentas sean claras y completas. Recordemos que ambas cosas son las mejores herramientas para impedir la corrupción y el mal uso de los bienes públicos y que tanto daño hacen al país.
Por lo anterior es sumamente conveniente analizar qué tan transparentes son todos los gobiernos y de manera especial —por su mayor impacto en el bienestar de la ciudadanía— el Gobierno de México.
Entre los hechos más significativos que muestran la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal están:
1. La enorme cantidad de información reservada. Destaca el hecho de que las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación (AIFA, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya) fueron clasificadas como obras de “seguridad nacional “por lo que los ciudadanos no podremos saber cuánto costaron, a quién contrataron, si los contratistas y proveedores cumplieron o no, etc., etc..
2. El linchamiento mediático —y quizá fiscal— desde Palacio Nacional a todos aquellos reporteros de investigación y medios de comunicación que dieron a conocer pillerías de diversos gobernantes pertenecientes al partido oficial.
3. La desaparición del INAI y la creación en su lugar del organismo denominado “Transparencia para el Pueblo”. Como prueba de ello tenemos que a este organismo ya le presentaron 2,253 casos en los que el gobierno federal se negó a dar la información solicitada, de ellos solo ha resuelto 457 —20% del total— y de estos rechazó 455. Es decir, rechazó el 99.6%. En otras palabras, las personas a las que las dependencias de gobierno les negaron previamente la información solicitada y acudieron al organismo “Transparencia para el Pueblo” les reiteraron la negativa.
Ahora que si nos referimos a los gobiernos estatales tenemos que los gobiernos estatales más transparentes son de la oposición —Querétaro, Jalisco y Guanajuato— y los más opacos son de extracción morenista —Oaxaca, Chiapas, Veracruz—.
Fuente de los Deseos: Ojalá que la presidenta de Morena en lugar de venir a Querétaro a mentir y levantar falsos señalamientos les exigiera a los gobiernos emanados de su partido que sean transparentes y que rindan cuentas, claras y completas.
Exsenador. @gtamborrelmx
