Para la interpretación de las leyes que involucren a los derechos humanos la Constitución es muy clara; en su segundo párrafo establece que: “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Lo anterior significa que la Constitución obliga a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial a que al momento de tomar una resolución a que interpreten las leyes de acuerdo con la misma Constitución y lo que es muy importante: de acuerdo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Si en algún momento las leyes mexicanas no coincidieran con los tratados internacionales entonces el juzgador tiene la obligación de aplicar la ley o tratado que más le convenga a la persona (la protección más amplia). A esto se le denomina el “principio pro persona” y representa un gran avance en la protección de los derechos humanos.

Lo anterior también significa que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen la responsabilidad de revisar que todas las leyes y reglamentos que se emitan en el país respeten la Constitución y también los tratados internacionales y si detectaran alguna violación, la SCJN tiene la responsabilidad de ordenar se modifiquen y en tanto eso ocurre pueden y deben suspenderlas (esto en el supuesto que tuviésemos una SCJN como debe ser y no al servicio del Poder Ejecutivo). A este proceso se le llama “control de convencionalidad”.

Desgraciadamente pareciera que el gobierno de México desconoce lo anterior ya que en su proceder no respeta una larga lista de derechos humanos y entre ellos el derecho a la libertad de expresión y que acorde a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluye el derecho a la libertad de prensa y el derecho de las personas a estar pluralmente informadas. Es por ello que el gobierno de México debiera dejar de acosar y denostar a los periodistas que lo critican y muy importante: el gobierno de la Dra. Sheinbaum debiera impedir que gobernadores incondicionales como los de Tamaulipas, Puebla y Campeche continúen solapando y llevando a cabo acciones violatorias al derecho humano de la libertad de expresión.

Fuente de los Deseos: Ojalá el gobierno federal entienda que la libertad de expresión es un derecho humano y que por tanto tiene la obligación constitucional de respetarlo y que es además un compromiso internacional del Estado mexicano. Ojalá la presidenta pase del discurso hasta hoy demagógico a los hechos.

Exsenador.

@gtamborrelmx